La nueva Ley 2/2023 de protección del denunciante, que traspone la Directiva (UE) 2019/1937 whistleblowing o canal de denuncias hace obligatorio conceder a las personas que trabajen en el sector privado o público la posibilidad de informar de forma segura cualquier práctica irregular no ajustada a derecho de la que tengan conocimiento, asegurando la protección del alertador a sufrir cualquier represalia.
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