El Pleno del Congreso aprobó por una amplia mayoría el proyecto de ley de Dependencia -con el rechazo de CiU, EA y PNV y la abstención de Nafarroa Bai-, un texto que finalmente vuelve a tener en cuenta el patrimonio del usuario para determinar su aportación al pago de los servicios y prestaciones. Al no tratarse de una ley orgánica, el Pleno no votó un dictamen del texto, sino las enmiendas por separado a su articulado.
Acabado el debate, al que acudieron numerosos representantes de colectivos y asociaciones de afectados, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, aseguró que el mplio acuerdo y la colaboración de todos para aprobar la ley de Dependencia permitirá que se convierta en el "gran proyecto social de los próximos años" en España. "Es un proyecto grande, ambicioso, lleno de compromiso en su significado político y social", dijo Zapatero.
El proyecto configurará un sistema público de atención a las personas sin autonomía personal, entre ellos más de un millón de mayores o discapacitados en situación difícil, de los cuales casi 600.000 serán atendidos entre 2007 y 2009. El primer año se empezará por los casos más graves, los de aquellos que por una pérdida total de su autonomía física o mental necesitan la presencia indispensable y continua de otra persona.
