El PP ha rechazado este martes admitir a tramitación en el Congreso de los Diputados una iniciativa del Parlamento de Cataluña para que la lengua catalana pase a ser "requisito imprescindible" para todos los miembros de la administración de Justicia establecidos en Cataluña.
La cámara catalana había solicitado una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas conexas en materia de derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia, con el fin de que se garantice el derecho de los catalanes a ser atendidos en su lengua en los juzgados y tribunales, lo que implica que el idioma sea considerado requisito indispensable y no sólo como mérito.
Por tanto, solicitaba, en concreto, que todos jueces, magistrados, fiscales, secretarios jurados "conozcan y dominen la lengua de manera efectiva" y que los ciudadanos catalanes puedan emplear el catalán en sus contactos con la Justicia en el resto del territorio español.
Posturas de los grupos parlamentarios
En contra de la propuesta se han manifestado tanto el PP como UPyD.
Por parte del PP, la diputada catalana Dolors Montserrat, que se ha mostrado orgullosa de amar España desde su profunda "catalanidad", ha defendido que la prioridad debe ser que los jueces, fiscales y secretarios judiciales sean "los mejores conocedores de la ley y el derecho" y ha recordado que Cataluña "no es patrimonio exclusivo de los nacionalistas".
Así, la representante del PP ha reclamado que se le deje escoger en libertad la lengua en la que se educa su hijo de cuatro años y ha recordado que aquellos que no pueden pagar un centro privado --como la familia del presidente de la Generalitat, Artur Mas-- parecen estar condenados al monolingüismo. "Estoy cansada de quienes quieren limitarnos a la pobreza lingüística", ha espetado.
Por parte de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha calificado la propuesta como una "aberración democrática" dirigida a "expulsar el castellano de la Justicia como ya ha sucedido con la Educación". El diputado de UPyD ha llegado a calificar de "franquismo educativo" la política lingüística de la Generalitat, una alusión que el ponente de CiU, Jordi Jané, ha exigido retirar.
El representante de Iniciativa per Catalunya Joan Coscubiela también ha aludido al uso de esta lengua en las escuelas y ha acusado a los 'populares' de hacer "las cosas a lo bruto, es decir, a lo Wert" mientras que el PSOE ha reprochado el uso político conferido por el Ejecutivo a esta "batalla" por la lengua que atenta contra su normalización.
"No es una singularidad folklórica que hay que fomentar es una lengua oficial", ha asegurado el enviado de Iniciativa per Catalunya (ICV), Salvador Milá, que ha precisado que no es necesario que tengan un alto nivel sino simplemente "un cierto nivel de formación" que les permita acceder en poco tiempo a este servicio.
Por su parte, Elena Ribera, de CiU, ha recordado que el Estatuto de Cataluña es de obligado cumplimiento para todos los española e incluye esta exigencia para el personal judicial y ha destacado que su uso en la Justicia garantizaría que cualquier ciudadano, hable la lengua que hable, pueda sentirse plenamente reconocido en lo que es.
Gemma Calvet, de ERC, se ha expresado en términos más duros y ha acusado al PP de emplear su mayoría en menoscabo de su lengua, del derecho a decidir y de la democracia. "Desde que recurrieron el Estatut cavaron la brecha en la que se han instalado", ha manifestado.
PSOE plantea una vía intermedia
La toma en consideración de la propuesta ha recibido el respaldo del PSOE, Izquierda Plural, PNV, ERC y Amaiur, si bien los socialistas se han mostrado partidarios de tomar una vía intermedia e incrementar, por ejemplo, el mérito para el personal de la justicia que hable la lengua. Según Alex Sáez, del PSC, a día de hoy, "no existe un reconocimiento pleno de la variedad plurilingüistica". (EUROPA PRESS)
