La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a duplicar en un año el número de diligencias de investigación y denuncias que ha presentado ante los tribunales y ha pasado de intervenir en 312 causas penales por delitos de corrupción en 2013, a un total de 340 procedimientos durante el año pasado.

Así lo refleja la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2014 presentada ayer, en la que el Ministerio Público recomienda de nuevo a sus integrantes que "extremen el rigor" en la persecución de aquellas actividades defraudatorias que causen la "pérdida de puestos de trabajo o perjuicios a pequeños ahorradores" y que no criminalicen a quienes actúen movidos por su "desesperada situación económica".

En este contexto, el departamento que dirige Consuelo Madrigal admite que la crisis económica "va remitiendo paulatinamente", al menos, en lo que se desprende de los datos macroeconómicos, aunquea lamenta que "no puede decirse lo mismo" sobre su incidencia en las "capas más desfavorecidas de la población".

Aumenta el fraude en el IVA

Este organismo ha constatado un "ligero" aumento en las defraudaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto de Sociedades, al tiempo que se mantiene la tendencia a la baja en los procedimientos iniciados por fraude en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La Memoria revela también que la Fiscalía Anticorrupción ha duplicado el número de diligencias de investigación hasta alcanzar la cifra de 37 en 2014, frente a las 19 registradas el año anterior. Además, ha interpuesto 20 denuncias o querellas por este tipo de delitos económicos, diez más que las presentadas en 2013.

El número de escritos de acusación presentados por Anticorrupción se ha mantenido --35--, mientras que se dictaron 19 sentencias, de las cuales dos fueron absolutorias y el resto acabaron en condena. En este sentido, la Fiscalía constata un descenso "notable" en la cantidad de procedimientos no sentenciados desde 2006 y cifra en 142 los seguidos en la Audiencia Nacional por delitos de corrupción y en 16 los abiertos contra aforados en Tribunales Superiores de Justicia.

Castigar a los testaferros y a las 'sociedades tapadera'

La Fiscalía ha reclamado también que el Código Penal sancione el empleo de testaferros, 'hombres de paja' y sociedades tapadera que no tienen generalmente otra finalidad que defraudar, "burlar" obligaciones laborales o encubrir actividades económicas ajenas o delitos de blanqueo de capitales.

En este sentido, se propone en la Memoria de la Fiscalía que se incrimine el uso de 'hombres de confianza' o sociedades interpuestas al considerar que se trata de una herramienta de "primer orden" en la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción.

Exceso de recursos

El Ministerio Público apuesta también por revisar las posibilidades de actuación de las acusaciones particulares y populares en el proceso, así como por limitar el régimen de recursos dada la utilización "indiscriminada" por parte de algunas partes.

En la actualidad, todas y cada una de las decisiones del juez instructor son recurribles y esto conduce a la "mala praxis" de algunas representaciones dirigida a plantear nulidades o solicitar pruebas "pintorescas" hasta "sepultar el procedimiento bajo un entramado de recursos".

"Sería preciso limitar el régimen de recursos, sin merma de las garantías procesales.”

Necesidad de especialización de la Fiscalía

En cuanto a la delincuencia económica, la Fiscalía General del Estado advierte de la necesidad de que los fiscales "reciclen" sus conocimientos y se especialicen en la materia de forma "permanente". Explica que la mayor parte de casos afecta a "personas con alto poder adquisitivo", que contratan a abogados de "gran prestigio profesional" por su capacitación y experiencia, lo que conduce a un "enorme esfuerzo" de los fiscales para llevar a cabo su labor.

"Tal vez por ello --y por la nada despreciable discriminación en que se encuentran los miembros de la Sección en el terrero económico-- se aprecia una menor predisposición entre los compañeros más jóvenes, a asumir voluntariamente la integración en aquellas", resalta.

En este sentido, este organismo apuesta por contar con un equipo de expertos en contabilidad, fiscalidad, funcionamiento del mundo empresarial, "materias que no necesariamente se cuentan en el bagaje de conocimientos exigible a un Fiscal, y que sin embargo, la experiencia demuestra que son absolutamente imprescindible para la correcta y rápida resolución del trabajo".

Los tribunales de cuentas autonómicos intentan evitar la intervención de la fiscalía

En su Memori, la Fiscalía acusa a los organismos fiscalizadores de las CCAA de evitar que la Fiscalía intervenga en los trabajos de fiscalización de las cuentas públicas regionales y municipales.

En este sentido, explica que muchos de los informes que realizan estos tribunales de cuentas autonómicos se aprueban, incluso por los parlamentos respectivos, si apreciar responsabilidad contable o de otra clase, mientras que el fiscal, aprecia la existencia indiciaria de algún tipo de responsabilidad y pone en marca los mecanismos necesarios para su depuración.

Por ello, y dado que los informes de la Fiscalía se circunscriben a exigir responsabilidad contable, o incluso penal, los citados tribunales de cuentas autonómicos intentan "evitar la intervención de la Fiscalía". Sin embargo, asegura la Memoria, dicha pretensión "no ha tenido, hasta ahora, éxito alguno". (EUROPA PRESS)