El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha prometido a las principales asociaciones de jueces un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que califica como un "importantísimo esfuerzo añadido" y que, según él, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, las asociaciones de jueces mantienen su convocatoria de movilizaciones ya que consideran que la "situación no está resuelta".

El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros, que supone un aumento de casi un 30 por ciento de la cifra ya presupuestada", indicó el ministro junto a una serie de medidas que entrarán en vigor, según anunció, en este 2009. Bermejo anunció, entre otras cuestiones, el desarrollo durante este año, de un sistema de comunicación telemática o la creación de un consorcio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información.

Posteriormente, los representantes de las asociaciones de jueces, que en su reunión renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron "que la situación no está resuelta" por lo que sus actos de protesta previstos para los próximos meses "mantienen toda su vigencia".

Las principales asociaciones judiciales se reunieron con los representantes del Ministerio de Justicia después de que el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo les citase a una reunión urgente para analizar su postura de cara a la modernización de la Administración.

El encuentro se produce tan sólo cinco días después de que el 20 por ciento de la carrera acordase acudir a la huelga --protesta sin precedentes en el sector-- el próximo 18 de febrero.

La reunión, que se inició a las once de la mañana, tuvo por objeto estudiar el documento reivindicativo emitido por los jueces el pasado día 13, mediante el cual, otorgaban al Ejecutivo socialista un plazo de seis meses para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir a una huelga el 26 de junio. Además los jueces proponían sustituir la convocatoria de paros prevista para febrero por actos reivindicativos de menor intensidad.

No obstante, tanto las asociaciones como el Ministerio cuentan con la presión añadida del resultado de las juntas de jueces celebradas en toda España el pasado miércoles en las que una veintena de partidos judiciales, entre ellos los juzgados unipersonales de Madrid y Barcelona, decidieron no secundar las propuestas de las asociaciones escenificando así la fractura de la carrera.

Concretamente, las exigencias de los jueces se basan en 8 puntos entre los que se encuentran la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica, que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados, y no de los secretarios; y arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

Ademas, los jueces piden la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial y que se proceda a la adecuación quinquenal en materia de retribuciones, especialmente en lo referente al pago de servicios de guardia, entre otras cuestiones.

La semana pasada, en el marco de la Comisión Mixta Ministerio-CGPJ, se aseguró que la mayoría de las pretensiones de los jueces y magistrados son "asumibles". De hecho, aunque sin establecer un calendario concreto, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, manifestó la voluntad del Departamento a la hora de mejorar las retribuciones para los jueces de guardia y la supresión del traslado forzoso, aunque advirtió que no habrá subidas salariales generales en 2009.