El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia. En él se refleja, con datos del 26 de enero de 2009, que 524.000 personas son ya beneficiarias de esta norma, cantidad que supone un aumento del 60 por 100 desde el verano pasado. Estas cifras han sido facilitadas por los Gobiernos autonómicos.
De los beneficiarios, 383.366 han sido reconocidos como grandes dependientes y 146.335, como dependientes severos, que son los dos grados a los que, en 2009, ampara la Ley, según el calendario de aplicación de la misma. En virtud de esta norma, estos beneficiarios son atendidos a través de servicios sociales o prestaciones económicas.
Además, en el informe presentado por la Ministra consta que la financiación comprometida por la Administración General del Estado para financiar estos servicios en 2009 es de 1.558 millones de euros, un 79 por 100 más que el año anterior.
Dentro de esta dotación presupuestaria, están incluidos cuatrocientos millones de euros extraordinarios que el Plan E ha inyectado en la Ley de Dependencia. Esta financiación adicional se va ejecutar en 2009 y para ello las Comunidades Autónomas ya han definido sus propuestas de actuaciones. Tal y como especifica el informe de la Ministra, ya se han presentado alrededor de 1.500 proyectos a la unidad del IMSERSO creada para gestionar estas peticiones. Estos planes deberán ejecutarse en 2009 y se estima que crearán entre 30.000 y 35.000 puestos de trabajo.
Prestaciones económicas
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las cuantías de las prestaciones económicas previstas en la Ley de Dependencia para 2009. El contenido de esta norma fue acordado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de la Dependencia del pasado 22 de diciembre.
Las cuantías de las prestaciones económicas se incrementan en 2009 en base al Índice de Precios al Consumo de noviembre de 2008, que se situó en el 2,4 por 100.
La Ley de Dependencia garantiza servicios sociales (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche o plaza residencial) o bien prestaciones económicas (vinculada al servicio, para el cuidador familiar o para el asistente personal) a las personas mayores o con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas. En la actualidad están amparadas por la Ley las personas que sean valoradas como grandes dependientes (Grado III) o dependientes severos (Grado II).
Actualización del nivel mínimo para 2009
El Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto por el que se actualiza para 2009 la financiación del nivel mínimo, que es la cantidad mensual que el Gobierno de España transfiere a cada Comunidad Autónoma por cada persona dependiente atendida en el marco de esta Ley. Este Real Decreto fue informado por el Consejo Territorial de la Dependencia.
