El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dado por concluida, en el plazo legalmente previsto, la revisión de las más de 300.000 causas pensales pendientes de clasificar a los efectos del art. 324 LECrim., que tras su última reforma limita a un máximo de seis meses el tiempo de instrucción de las causas penales (18 meses en los casos declarados complejos).
Así lo ha declarado el titular de Justicia en una rueda de prensa convocada hoy 6 de junio, día en que culminaba dicho plazo. Para dejar a cero el marcador, segun sus palabras, ha sido necesario revisar un total de 302.132 asuntos, una cifra inferior a los 346.000 de los que se hablaba el pasado mes de diciembre, ya que, según ha explicado Catalá, más de 40.000 casos correspondían a atestados sin autor conocido que han sido archivados provisionalmente.
Esta puesta al día ha requerido una financiación extraordinaria por parte del Ministerio de Justicia de 1.647.877 euros. El departamento ha puesto al servicio de esta causa 80 fiscales de refuerzo, 117 funcionarios (entre refuerzos y prolongaciones), además de medios informáticos de apoyo.
No quedan causas en el armario
En el detalle de los datos ofrecidos por el Ministerio se observa cómo a fecha del pasado 1 de junio todavía quedaban pendientes de revisión 12.501 casos, lo que representa un 4% del total de asuntos pendientes, algo que, según Justicia, ha sido solventado en los últimos días. Respecto al origen de la información, Catalá ha explicado que el Ministerio no dispone de estadísticas oficiales y acude a las fuentes, que son el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía.
En relación con las dudas recientemente planteadas por la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, en el sentido de que podía haber casos en los armarios de los que no tenían conocimiento, el ministro ha sido tajante: “Me resulta inimaginable que un juez se haya dejado alguna causa en un armario, estoy seguro de que todas ellas han sido enviadas a los fiscales y que estos últimos las habrán calificado como corresponde”. A lo que añadió que “si alguien tiene conocimiento de alguna causa que se haya quedado en un armario debería denunciarlo”.
Confianza en el personal de Justicia
Catalá ha insistido en que confía en la profesionalidad de los trabajadores de la Justicia y ha asegurado que tienen la “certeza” de que todos los juzgados y tribunales se han puesto al día porque “desde el Ministerio ha habido una toma de temperatura cotidiana, recabando datos a diario”. Ante la incredulidad que algunos han mostrado al hecho de que se pueda haber logrado el objetivo de revisar todas las causas pendientes, como preveía el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el titular de Justicia ha respondido que “si alguien duda de ello lo debería acreditar antes de generar incertidumbres”.
Respecto a las declaraciones y críticas de los últimos meses en las que se había acusado al Ministerio de querer dar carpetazo a casos de corrupción con esta reforma que limita los plazos de instrucción, Catalá, que ha calificado dichas afirmaciones de “muy graves”, ha señalado que quien las haya hecho “debería pedir disculpas a los profesionales por lo que significa de insinuación de que jueces y fiscales no harían bien su trabajo”. En cuanto a las causas por corrupción, insistió en que, de todas las causas que llegan a juzgados y tribunales, tan sólo el 0,29% corresponden al tipo de delitos que suelen cometerse en estos casos (malversación, prevaricación, cohecho, etc.) y no ha quedado ninguno pendiente de calificar.
