Esta medida se considera un reconocimiento a la tarea desempeñada por Catalá al frente de su departamento durante los últimos dos años, durante los que se ha desarrollado una intensa actividad legislativa en materias propias de ese departamento.
Como ha declarado a lo largo de los últimos meses, uno de los principales objetivos de Catalá para este mandato será la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Justicia consensuada con todos los profesionales del ámbito jurídico, a fin de conseguir una Justicia más moderna, digitalizada y eficaz.
Necesidad de acuerdo sobre la nueva estrategia
Este Pacto de Estado es demandando tanto por asociaciones de jueces como fiscales como por la abogacía, con la finalidad, entre otras, de conformar un Poder Judicial independiente que refuerce la confianza de los ciudadanos en la Administración.
En el último año las principales asociaciones de jueces han hecho especial hincapié en el objetivo de alcanzar un consenso en la cámara baja para que la Justicia "no esté al albur de los intereses políticos" y por ello han propuesto cambios destacables como que doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por los magistrados y no por los políticos.
Se trata de una reivindicación --que respalda la Unión Europea (UE)-- con la que se busca 'despolitizar' la institución e impulsar una mayor separación de poderes, ya que en la actualidad los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces son elegidos por representantes parlamentarios.
Igualmente el nuevo ministro tendrá que revisar el sistema procesal español de cara a modernizar y simplificar las leyes procesales para suprimir los trámites innecesarios que retrasan la decisión judicial y los recursos dilatorios que obstaculizan la fase de instrucción.
Los profesionales de Justicia reivindicarán que dote de más medios en la lucha contra la corrupción, tal y como demandó recientemente la Asociación Profesional de Fiscales (APIF), cuya petición es que se establezcan unos "protocolos claros de asignación" de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, al margen de que la decisión final recaiga en el fiscal general.
Digitalización de la Justicia
Continuar con el proceso de digitalización en las comunidades autónomas es otro de los grandes retos para el responsable del ramo ya que el próximo 1 de enero de 2017 las administraciones y organismos públicos así como hospitales, deberán relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.
Catalá ya impulsó una reforma en este sentido apostando por una justicia digital con menos dependencia del papel y con un sistema de gestión procesal común. En base a ello entró en vigor el 1 de enero de este año la obligatoriedad de comunicaciones entre la Administración de Justicia; programa conocido como Lexnet.
Este mecanismo ha provocado rechazo entre parte de los profesionales de la Justicia que consideran que el ministro ha sido incapaz de cumplir su promesa de 'papel cero' en la Administración. En concreto, la Fiscalía denunció a comienzos de año disfunciones en este sistema que obliga a presentar todos los escritos en los juzgados de forma telemática.
No obstante, desde el Ministerio defienden que más de 600 juzgados, que tramitan el 65 por ciento de asuntos en el territorio gestionado por el departamento, trabajan íntegramente en formato digital y 5.500 usuarios, entre jueces, letrados o funcionarios, manejan a diario documentos digitales y usan firma electrónica.
Con la aprobación de la Nueva Oficina Judicial, que se está implantando en todo el territorio nacional, se busca terminar con la dispersión actual de juzgados. El objetivo es que se unifiquen los informes y propuestas elaborados por los grupos de coordinación de cada partido judicial y centralizar la información relativa al proceso de implantación para su posterior transmisión al resto de implicados en la materia.
Registro Civil
La "desjudicialización" del Registro Civil es uno de los asuntos pendientes que hereda el ministro, que buscará previsiblemente el consenso con todos los actores judiciales para emprender la reforma después de que en la anterior legislatura paralizara la encomienda a los registradores de propiedad y mercantiles de la gestión de este órgano.
La solicitud de convocatoria de plazas es otra de las reclamaciones más escuchadas por parte de colectivos como el de jueces, que recuerda que el número de magistrados por habitante en España es de los más bajos de la Unión Europea. En concreto hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que la media europea es de 21, lo que supone la mitad frente a los países de nuestro entorno.
No obstante el Ministerio convocó el pasado año plazas para el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (auxiliares de Justicia) y para el cuerpo de Auxilio Judicial, con una demanda tal (más de 110.000 solicitudes para poco más de 1.000 plazas) que se tuvieron que retrasar los exámenes. Este año también se han celebrado la convocatoria de plazas a juez y fiscal donde cerca de 4.000 aspirantes buscarán obtener una de las 65 plazas que se ofertaban.
El CGPJ celebra la renovación de Catalá
Integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este jueves la renovación de Rafael Catalá al frente de la cartera de Justicia por su carácter "dialogante" y "pacificador", demostrado en su relación con los diferentes operadores jurídicos, y por considerarle, además, un perfecto conocedor de la situación y problemas endémicos que arrastra este ámbito de la Administración.
Diferentes vocales consultados por Europa Press, y pertenecientes a diferentes sensibilidades dentro de este órgano, coinciden en destacar el talante dialogante de Catalá, lo que le ha hecho merecedor del respeto por parte de diversos colectivos que se encontraban especialmente "encrespados" con la labor de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón.
Vocales del sector "progresista" del CGPJ, designados a propuesta del PSOE, han calificado de "fantástica" la noticia de la renovación de Catálá ya que tras la etapa de su antecesor "ha introducido racionalidad en la gestión".
Otros vocales progresistas destacan también el buen nivel de entendimiento que ha existido entre el CGPJ y el equipo de Catalá, y que ha permitido avanzar en un trabajo que, paralizado por la situación de interinidad del Gobierno en los últimos meses, es preciso empezar a sacar adelante. Por ello esperan que en el "segundo escalón" el Ministerio no sufra demasiados cambios a partir de ahora.
Alaban también su "empeño en impulsar un gran acuerdo de Estado en Justicia", y en este sentido algunos vocales le desean "el mayor de los éxitos".
Desde el sector más conservador, además de su interés por el diálogo con los diversos sectores, se destaca de Catalá que tenga, ya en el mismo comienzo de la Legislatura, un "conocimiento completo" de la situación actual de la Administración de Justicia, lo que no ocurriría "con cualquier otro ministro", que hubiera necesitado varios meses para ponerse al día.
Algunos de los vocales designados a propuesta del PP destacan también su perfil "técnico" y la eliminación por su parte de reformas anteriores que habían creado un verdadero conflicto, como la que implantó las tasas judiciales. Esperan también que no tarde mucho en impulsar las reformas pendientes, que deberán ser informadas por el órgano del que ellos forman parte.
Las asociaciones de jueces esperan que se pase de la política de "gestos a los hechos"
Las asociaciones de jueces han reclamado este jueves al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que su confirmación al frente de la cartera revierta en la transformación de la política de "gestos en hechos", entre ellas que aborde un Pacto de Estado por la Justicia y la "despolitización" del sector.
Tras aunar las cuatro asociaciones de jueces sus fuerzas desde hace unas semanas para solicitar de forma conjunta un Pacto de Estado por la Justicia y abogan por la despolitización, el incremento de la independencia y la reducción del número de aforamientos e indultos, entre otros aspectos.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio González, ha manifestado que espera que el ministro vaya ahora "más allá" de lo efectuado en los últimos dos años y su probada capacidad de diálogo "cristalice" en resultados.
"Esperamos que más allá de las buenas intenciones y palabras se puedan llegar a consensos", ha indicado González en declaraciones a Europa Press, que ha recordado las peticiones conjuntas que todas las asociaciones reclamaron al Ministerio y que confían se conviertan en una realidad.
En este sentido, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, ha subrayado que estas medidas están destinadas a lograr más "fortaleza, eficacia y credibilidad" en la Justicia. Así, en declaraciones a Europa Press, ha confiado en su experiencia en el Ministerio y que esto favorezca a que los "canales de comunicación y colaboración" continúen como hasta ahora.
Por último, el portavoz de Francisco de Vitoria, Raimundo de Prado, ha destacado que la asociación estará de acuerdo con la renovación de Catalá siempre y cuando "cumpla" con un "plan integral" de la Justicia. Asimismo, también ha subrayado que Catalá tiene la "ventaja" de tener experiencia en el Ministerio, lo cual espera que sea favorable para el sector.
SISEJ insta a Catalá a abandonar "políticas privatizadoras" y nombramientos "opacos"
El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) ha instado al recién nombrado ministro de Justicia, Rafaél Catalá, a abandonar "la falta de rumbo de la anterior legislatura" y las "políticas privatizadoras" para apostar por unas políticas públicas que permitan superar "la lentitud e ineficacia de la Justicia, fruto de una estructura obsoleta".
Así lo han expresado en un comunicado de prensa en el que, además, exigen al ministro abordar cambios en su gabinete para "desterrar actuaciones opacas" en materia de nombramientos en los puestos de libre designación y en la concesión de comisiones de servicio.
Con el objetivo de conseguir dinamizar la administración de Justicia y hacerla más eficaz, proponen, en primer lugar, que 1500 letrados pasen a formar parte del Poder Judicial como jueces de base, con el fin de aumentar el número de jueces.
Otra de las reformas en las que hacen hincapié es la del Registro Civil, que "debe ser dirigido por Letrados de la Administración de Justicia", designados mediante concurso público, como encargados de un Registro Civil "público, telemático, ágil y accesible".
Por último, instan a Catalá a promover, desde el acuerdo con las Comunidades Autónomas, el despliegue integral de la Oficina Judicial en todo el Estado y la implantación de órganos pluripersonales como los Tribunales de Instancia -para asuntos complejos- y los Tribunales de Base y Ejecución -para procedimientos de menos entidad-.
Desde el SISEJ sostienen la "urgente" necesidad de transformar la Administración de Justicia "más allá del pacto que el Grupo Parlamentario Popular suscribió con Ciudadanos" para lo que ponen a disposición su entera colaboración.
Fiscalía
La llegada del nuevo Gobierno obligará a nombrar nuevo fiscal general del Estado, un puesto al que su actual ocupante, Consuelo Madrigal, puede volver a optar por no haber transcurrido dos años desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2015. De ser nuevamente designada lo será por cuatro años más.
Así lo posibilita el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una de cuyas últimas reformas reforzó la autonomía de este órgano mediante la limitación del mandato y la fijación de los motivos de cese del fiscal general, entre los que se incluye el del Gobierno que lo haya nombrado.
Si se da la circunstancia de que Madrigal vuelve a ser propuesta por el Gobierno, deberá volver a pasar por todos los trámites para ser nombrada que detalla el artículo 29 del Estatuto, y que implican a los tres poderes del estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, según han explicado a Europa Press fiscales.
Además de Madrigal, otros nombres que suenan como candidatos al cargo son el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y el propio presidente de este órgano, José Ramón Navarro, según se comenta en círculos judiciales consultados por Europa Press.
La toma de posesión del Ejecutivo de Rajoy también permitirá "desatascar" una decena de nombramientos que estaban pendiente realizarse en la cúpula fiscal y que se encuentran pendientes desde hace meses, entre ellos el de la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo frente se encuentra en funciones la teniente fiscal de este departamento Belén Suárez tras la salida de Antonio Salinas por haberse jubilado a mediados del pasado mes de octubre.
Se trata de un puesto que muchos consideran estratégico dada la cantidad de procedimientos pendientes de resolución y que afectan a cargos públicos, y también por las operaciones que pudieran iniciarse por nuevas tramas descubiertas. Para él se postula entre otros fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza --cuyo mandato en dicho órgano caducó el pasado mes de junio--, si bien todas las quinielas colocan como más probable a Alejandro Luzón, un fiscal muy experimentado en este departamento y actualmente en la Secretaría General Técnica.
Otros nombramientos pendientes son el de fiscales jefe de la salas de lo Penal y de lo Social del Tribunal Supremo, el de la propia Audiencia Nacional, el de fiscal jefe Antidroga, de Medio Ambiente, de Criminalidad Informática, de Extranjería, de Cooperación Internacional y el de Seguridad Vial.
Trayectoria política
Catalá se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en 1985 ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En 1988 pasó a ocupar la subdirección general de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad hasta 1992, año en que se incorporó a AENA como director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios.
Durante la primera legislatura de gobierno de José María Aznar, Catalá ejerció como director general de la Función Pública entre 1996 y 1999 y como director general de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes hasta el año 2000, cuando tomó posesión como Subsecretario de Hacienda.
Entre 2002 y 2004 Rafael Catalá ejerció como secretario de Estado de Justicia y un año después fue nombrado director gerente del Hospital Ramón y Cajal (2004-2005). Entre 2005 y 2012, dos años antes de llegar al Ministerio, desempeñó el cargo de secretario general y del Consejo de Administración de CODERE, S.A, multinacional española del sector del juego privado.
Su carrera profesional también está vinculada a la docencia ya que fue director del Máster de Administración Pública en el campus de Madrid de la Escuela de Negocios de ESADE entre los años 2005 a 2012 y profesor asociado de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III de Madrid desde 2007 a 2011.
Hasta su nombramiento como ministro de Justicia, en septiembre de 2014, fue secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento y presidente de la sociedad ENAIRE.
Las numerosas reformas legislativas de 2015
El año 2015 fue especialmente significativo en cuanto a la promulgación y entra en vigor de numerosas normas relacionadas con la Administración de Justicia, como informamos oportunamente (ver AQUÍ y AQUÍ).
Entre ellas destacan las leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de Jurisdicción Voluntaria, del Estatuto de la Víctima del delito, de asistencia jurídica gratuita o de Régimen Jurídico del Sector Público, además de importantes reformas del Código Penal, de la LOPJ, de la LEC, de la LECrim, de la LGT, de la Ley Concursal, de la Ley del aborto o de la Ley de tasas judiciales.
Pese a que el Gobierno trataba de crear un nuevo Código Procesal Penal la iniciativa se limitó a reformar la Ley actual de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que introdujo como principales cambios los límites a la instrucción judicial (prevé un periodo ordinario de seis meses para la instrucción de causas sencillas y de 18 para las complejas) y el término de 'investigado' para referirse a la figura de 'imputado'.
Sin embargo la reforma del Código Procesal Penal continúa como otro de los aspectos que necesitan una "reforma profunda" tal y como ha defendido Catalá recientemente. Desde el Poder Judicial insisten en la necesidad de introducir reformas sustanciales, como las que puedan afectar a la duración de los procedimientos o al papel de la acusación popular, muy cuestionado desde diferentes ámbitos.
Bajo su mandato también se ha puesto en marcha el nuevo sistema de comunicaciones electrónicas con las Administraciones de Justicia, conocidio como LexNet, y que obligaba a partir del 1 de enero de este año a presentar escritos procesales y notificaciones judiciales por vía telemática. (EUROPA PRESS y Redacción)
