El PE ha aprobado, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, un informe de la comisión de Peticiones que critica las prácticas de "urbanización masiva" en España y la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. El texto propone "suspender y revisar" todo plan urbanístico nuevo que no garantice el respeto por la propiedad y sugiere interrumpir los fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema.
Además, reclama una indemnización adecuada para las víctimas de los "abusos urbanísticos" y considera "alarmante" la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español.
El informe de la diputada danesa de los Verdes Margrete AUKEN fue aprobado por el pleno después de que los eurodiputados rechazasen las resoluciones alternativas presentadas por el grupo socialista y varios diputados del grupo PPE-DE, respectivamente.
Ésta es la tercera vez que el pleno de la Eurocámara se posiciona sobre este tema. La primera fue en diciembre de 2005 (informe Fortou) y la segunda una resolución aprobada en junio de 2007 (ver enlaces más abajo).
El informe de la comisión de Peticiones pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas que lleven a cabo una “profunda revisión” de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de "poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones" recogidos en varios tratados internacionales.
Además, el Parlamento Europeo critica la "avaricia" y la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, "que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades".
Los diputados recuerdan que la Comisión está facultada a suspender la provisión de fondos estructurales a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa exigida. Además, el informe señala que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en la reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para convencer a un Estado miembro de que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar.
Por otra parte, la Eurocámara considera que las autoridades regionales competentes deberían “suspender y revisar” todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente. Los Gobiernos de las regiones afectadas también deberían "detener y anular todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario".
Los eurodiputados rechazaron el texto alternativo presentado por el grupo socialista con 72 votos a favor, 436 en contra y 44 abstenciones. Antes de la votación, el socialista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre de la propuesta de resolución presentada por su grupo y que votaría a favor del informe de Margrete Auken. La propuesta de los diputados del PPE-DE, que se votó en primer lugar, obtuvo 126 votos a favor frente a 393 en contra.
Antes de la votación, la ponente criticó las "acciones abusivas de numerosas autoridades locales y regionales" y recordó que este informe "es el resultado de un intenso trabajo de los miembros de la comisión de Peticiones". Además, subrayó que este tema "ha tenido un gran impacto en las vidas de decenas de miles de ciudadanos europeos que viven en España, así como en la economía y el medio ambiente españoles".
Por otra parte, Auken lamentó que este tema no se haya sometido a debate en el pleno de la Eurocámara y aseguró que la aprobación de este informe "garantizará que las leyes se modifiquen en beneficio de España".
El texto reitera las conclusiones recogidas en las resoluciones anteriores aprobadas por el pleno de la Eurocámara, "que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona". Asimismo, recalca que los agentes inmobiliarios de Estados miembros como el Reino Unido siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de saber que existe la posibilidad de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya.
Según el informe, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una “destrucción masiva” en la última década, puesto que "el cemento y el hormigón han saturado esas regiones".
