El año 2016 fue poco productivo en materia legislativa de creación estatal. Como consecuencia del “parón” institucional por la falta de actividad parlamentaria, la transposición de directivas no se ha llevado a cabo correctamente, así como el cumplimiento de decisiones emitidas por la Comisión Europea. Esto nos convierte en asiduos de su lista de incumplimientos, emitida cada mes con la recopilación de todas las vulneraciones de los países en el cumplimiento de sus obligaciones normativas con la Unión Europea. Pero 2016 no fue un año especial.
Los incumplimientos de España
Durante 2016, la producción legislativa fue prácticamente inexistente, con solo 7 leyes aprobadas en todo el año. Este parón legislativo no solo ha repercutido en la redacción y aprobación de normas estatales, afectando también a la transposición de directivas europeas y al cumplimiento de los mandatos comunitarios. Sin embargo, las cifras correspondientes a este último año y las de años anteriores no son tan diferentes.
Según datos de la Comisión Europea, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 se registraron 107 infracciones que la Comisión Europea comunicó a España a través de sus informes mensuales. De estas infracciones, continúan sin solucionar 55 a día de hoy, lo que supone más de la mitad de los casos sin resolver. Las cuestiones, clasificadas por sectores, son relativas al medio ambiente, justicia, transporte, salud… Los incumplimientos más numerosos corresponden al sector del mercado interior, industria, emprendeduría y PYMEs. Estas llamadas de atención se producen cada mes, recopilándose en una actualizada base de datos en manos de la Comisión Europea.
En años anteriores, las cifras no han sido mejores. Durante 2015, España fue advertida de 104 infracciones, mientras que en 2014 fueron 110. En lo que va de año 2017, se han realizado 17 quejas por partes de la Unión Europea, algunas de las cuales ya están resueltas y el caso cerrado.
Las infracciones por incumplimiento
Cuándo un Estado miembro no aplica correctamente el Derecho comunitario existe un procedimiento sancionador en el que se establecen infracciones por incumplimiento. Este proceso está regulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE en adelante), concretamente en los artículos 258 a 260. Es la Comisión Europea la encargada, de oficio o a petición de parte a través de una denuncia o queja de persona física o jurídica, de abrir un expediente de infracción al Estado en cuestión.
Antes de abrir dicho expediente, la Comisión tiene como regla general iniciar un diálogo con las autoridades del Estado competente. En caso de no llegar a una solución en estas conversaciones previas, la Comisión solicita al Estado mediante una carta de emplazamiento que le comunique en un determinado plazo la situación de la cuestión y su apreciación acerca de la aplicación de un determinado precepto o norma comunitaria. Si la autoridad estatal no responde, o no lo hace de manera satisfactoria, la Comisión elabora un dictamen motivado en el que solicita al Estado que ponga fin al incumplimiento en un plazo establecido, contemplando la posibilidad de recurso por incumplimiento en caso de negativa.
Si el Estado en cuestión se niega y no pone fin al incumplimiento en plazo, la Comisión puede acudir al TJUE para solicitar una sentencia que obligue al Estado a cumplir con el compromiso normativo adquirido al formar parte de la UE. Dictada la sentencia, el Estado deberá cumplir. En caso de no hacerlo, la Comisión puede recurrir al artículo 260 TFUE, donde además del cumplimiento se faculta al TFUE para imponer una multa por el incumplimiento de la primera sentencia.
