Esta semana se presentó la Memoria de actividades de la Agencia Española de Protección de Datos relativa al ejercicio 2008.

Las reclamaciones a dicho organismo crecieron un 45% durante 2008, según explicó ayer al presentar la memoria del organismo su director, Artemi Rallo. La mayor parte de éstas tienen que ver con Internet, la videovigilancia, las listas de morosos o el 'spam' telefónico.

LA APD se muestra especialmente sensible ante la presencia en las redes sociales de los datos de menores de 14 años, señalando como ejemplos Facebook y Tuenti, con los que recientemente ha llegado a un acuerdo para restringir el acceso a menores de edad. «Se debería impedir que los menores se incorporen a estas redes, pero la realidad es que, a día de hoy, son cientos de miles los menores de 18 y de 14 años con perfiles en estas páginas» lamentó Rallo.

«La agencia hace una valoración muy crítica de los prestadores de servicios de Internet, que ofrecen una información muy deficiente en lo referido a la privacidad» insistió Rallo. Eso hace que se vulneren con facilidad los derechos de unos ciudadanos «que por lo común tienen un enorme desconocimiento del poder de las herramientas informáticas que usan estos servicios en Internet».

En opinión de Rallo, «la industria debe reflexionar e impedir las prácticas que colisionan con la privacidad. Es muy difícil pedirle a la Ley que actúe cuando no lo hacen los operadores de servicios».

La agencia abría en el 2008 un total de 2.362 expedientes, bien por denuncias, bien por investigaciones de oficio, lo que supone un 45% más que en el ejercicio precedente. Telecomunicaciones y bancos acapararon la mayor parte de las denuncias, con 454 y 382 actuaciones respectivamente. Los bancos son acusados de inclusiones indebidas en los archivos de morosos y de incumplir el deber de secreto con los clientes.

Pero en términos relativos es la videovigilancia la que genera más inquietud entre los ciudadanos, ya que se ha triplicado el número de denuncias, pasando de las 123 presentadas en 2007 a las 365 que se cursaron en 2008. Apenas un 10% de estas denuncias (27) acabaron en sanción, pero los ciudadanos consideran que la proliferación de cámaras en comercios, bares, comunidades de vecinos y espacios de trabajo supone una intromisión en la intimidad y en la privacidad.