La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha denunciado a Iberdrola Generación España SAU por hechos que califica como delito relativo al mercado y a los consumidores del artículo 281 del Código Penal.

La denuncia ha sido presentada ante el Juzgado Central de lnstrucción, que ha admitido a denuncia, competente conforme al artículo 14 LECrim, para conocer de las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

"Artificio urdido" y 20 millones de beneficio

Según la denuncia, "Iberdrola, con la finalidad de lucrarse ilícitamente ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda".

Los hechos, que se sitúan en el año 2013, se explican de la siguiente forma: "Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir de 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones. y ello, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste Óptimo de oportunidad. Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas."

Considera la fiscalía que dichas actuaciones "se ponen de manifiesto al examinar las magnitudes de las ofertas de energía eléctrica despachada y no despachada por la denunciada, en el período analizado y su comparación con el período inmediatamente anterior".

La consecuencia de estas actuaciones, según la denuncia, fue "la subida del precio de la energía eléctrica en, aproximadamente, 7 euros megavatio/hora (7€ MWh) que aplicados a la energía programada y vendida por la denunciada en el período temporal antes referido -2.965 GW-, le supuso un beneficio superior a los 20 millones de euros".

Diligencias solicitadas

Se solicitan una serie de diligencias para investigar los hechos denunciados, entre ellas,

•  Que se reciba declaración como investigada a la sociedad denunciada.
•  Que por la CNMC se aporte a la causa los informes de 7 de enero y 10 julio de 2014 de la Sala de Supervisión Regulatoria, sobre circunstancias que concurrieron en el mercado eléctrico en las semanas previas a la celebración de 25 subasta CESUR el día 19 de diciembre de 2013.
• Aportación de documentación por el operador Red Eléctrica de España SA,
• Aportación de documentación por el operador del mercado Ibérico Polo Español SA

Responsabilidad penal de Iberdrola

La denuncia de la fiscalía, que ya ha sido admitida, abre la puerta al que puede ser uno de los grandes casos de responsabilidad penal de la persona jurídica del art. 31 bis del CP, por el que la eléctrica puede enfrentarse a una multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido (estimado en 20.000 millones de euros), según prevé el art. 288 del CP, más la responsabilidad civil correspondiente. Sin contar con que el juez puede imponer las penas del art. 33.7 del CP: la posible suspensión temporal de sus actividades o clausura de locales hasta 5 años, intervención judicial, o incluso la disolución.

Es un claro supuesto en el que si Iberdrola dispusiera de un plan de prevención de riesgos penales o compliance penal, podría verse exonerada de su responsabilidad penal o, al menos, ver atenuadas esas penas.

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