El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe relativo al Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en el que, con carácter general, constata el esfuerzo de adaptación de la normativa vigente a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional y la legislación europea para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los extranjeros.

El CGPJ establece una serie de recomendaciones al Anteproyecto. Entre ellas destaca la necesidad de reforzar las garantías de los menores no acompañados en los procesos abiertos para el retorno a sus países de origen, así como la exigencia de motivación y de audiencia al interesado en los procedimientos de expulsión de los inmigrantes.

El Consejo sugiere una mayor reflexión en la redacción relativa al cómputo del plazo de internamiento de un extranjero, para garantizar la necesaria proporción entre esa medida administrativa y el respeto a la protección de los derechos fundamentales. Además de recomendar la aplicación tasada y restrictiva de la suspensión de dicho periodo, el Pleno recomienda eliminar como causas de suspensión la tramitación de los procedimientos de asilo, la solicitud de habeas corpus o la enfermedad, salvo que se acredite su empleo fraudulento.

El informe aconseja también excluir de las infracciones graves contempladas en el Anteproyecto los actos de hospitalidad realizados con carácter solidario y sin ánimo de lucro en apoyo de los inmigrantes. Finalmente, el dictamen constata que la nueva regulación salvaguarda la distribución de competencias que en este sentido corresponden a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus responsabilidades en esta materia. En relación con esta cuestión, los vocales Concepción Espejel Jorquera y Claro José Fernández Carnicero han emitido un voto particular discrepante al considerar que la competencia en materia de extranjería corresponde en principio en exclusiva al Estado, de conformidad con el artículo 149 1.2 de la Constitución Española.