La resolución del Banco Popular ha sido aprobada en aplicación de la Directiva europea sobre recuperación y resolución bancaria, Directiva 2014/59/UE de 15 de mayo de 2014, acordada tras la crisis como parte de la Unión Bancaria. La decisión implica la venta de Banco Popular a Santander, entidad de reconocida solidez financiera. De esta manera los clientes de Banco Popular podrán seguir siendo atendidos con normalidad con pleno acceso a sus cuentas corrientes y depósitos. Como consecuencia de la decisión adoptada se da continuidad a las funciones del banco. La compra se ha hecho sin hacer uso de ayudas públicas por parte del Fondo de Resolución Único (SRF, en sus siglas en inglés) y la operación se encuentra sujeta al seguimiento y control ordinarios existentes para cualquier fusión.
Debido a su reciente situación de liquidez, el Banco Central Europeo (BCE) había decidido que el Banco Popular "estaba quebrado o a punto de quebrar" (de conformidad con el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento del Mecanismo de Resolución Única) el 6 de junio de 2017 y notificó al SRB en consecuencia. La SRB y la Autoridad Nacional de Resolución (FROB) han decidido que la venta era de interés público, ya que protege a todos los depositantes del Banco Popular y garantiza la estabilidad financiera. El sistema de resolución entra en vigor hoy, 7 de junio, tras el respaldo de la Comisión Europea
La Comisión ha aprobado el sistema de resolución porque las condiciones de resolución se cumplieron: el banco estaba en quiebra, no había soluciones del sector privado fuera de la resolución y no había medidas de supervisión que hubiesen evitado su fracaso. La resolución por venta de negocios está prevista en la Directiva de Recuperación y Resolución de Bancos (BRRD) en el marco de la resolución de bancos de la UE. Fue el mejor curso de acción para asegurar la continuidad de las funciones importantes desempeñadas por el banco y evitar efectos adversos significativos sobre la estabilidad financiera. En este caso concreto, las pérdidas fueron absorbidas en su totalidad por acciones y deuda subordinada.
El marco de resolución de la UE
Durante la reciente crisis financiera, el dinero de los contribuyentes se utilizó a un nivel sin precedentes para rescatar a los bancos que eran considerados "demasiado grandes para quebrar", a expensas de otros objetivos públicos. Esto provocó la necesidad de crear un régimen de recuperación y resolución de bancos claro y completo para asegurar la estabilidad financiera y económica a largo plazo, minimizando al mismo tiempo el posible costo público de posibles crisis financieras futuras.
La Directiva de Recuperación y Resolución de Bancos (BRRD) establece el marco de la UE para gestionar las quiebras bancarias de una manera que evita la inestabilidad financiera y minimiza los costes para los contribuyentes. Por otra parte, el Reglamento del Mecanismo de Resolución Única (SRMR), Reglamento UE 806/2014, establece disposiciones específicas para los Estados miembros que participan en la Unión Bancaria cuando los bancos necesitan ser resueltos.
La BRRD y el SRMR forman el marco de resolución de la UE, que proporciona a las autoridades competentes arreglos integrales y eficaces para hacer frente a los bancos en bancarrota, así como acuerdos de cooperación para hacer frente a los fracasos bancarios transfronterizos. Los objetivos clave del marco de resolución de la UE, en consonancia con los esfuerzos a nivel internacional, son preservar la continuidad de las funciones críticas de los bancos, evitando al mismo tiempo el uso de fondos públicos y los efectos negativos sobre el sistema financiero. La resolución eficaz también debe abordar el riesgo moral, ya que una de sus funciones clave es mejorar la disciplina dentro de los mercados. Por lo tanto, la resolución es un complemento vital de otras corrientes de trabajo diseñadas para hacer que el sistema financiero sea más sólido, p. Haciendo más fuertes a los bancos mediante la exigencia de mayores niveles de capital de mejor calidad, una mayor protección de los depositantes, estructuras y prácticas de mercado más seguras y transparentes y una mejor supervisión.
El marco normativo en España
La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios e inversión, transpone al ordenamiento jurídico español la BRRD.
Con esta Ley, por lo tanto, se lleva a cabo la trasposición de la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo de 2014, así como de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantías de depósitos, y se introducen aquellas previsiones que permiten la correcta articulación y coordinación del sistema español de resolución y el europeo, que habrá de estar plenamente operativo a partir del año 2016. Así la ley regula la colaboración entre las autoridades de resolución europeas, en el caso de que se resuelva una entidad que opere en diferentes Estados miembros de la Unión, y la representación de las autoridades españolas de resolución en el Mecanismo Único de Resolución. Como señala su preámbulo, esta norma entronca claramente con una regulación previamente vigente y operativa en España. En efecto, esta Ley es heredera de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, en cuya elaboración ya se consideraron los trabajos preparatorios que por entonces existían de la hoy Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo de 2014.
El artículo 26 regula la venta del negocio de la entidad (recogida en los art. 38 y 39 de la BRRD y el art 34. de SRMR), una de las herramientas de resolución.
