El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. El Gobierno culmina con esta iniciativa el proceso de reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal y define el papel que le corresponde a estos medios en el escenario audiovisual.

El Anteproyecto será remitido al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones para que emitan sendos informes preceptivos antes de su remisión como Proyecto de Ley al Parlamento.

María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que el Ejecutivo da el paso decisivo hacia la consolidación del sistema de financiación de la radiotelevisión pública "con su renuncia inmediata y definitiva a los ingresos publicitarios".

La razón fundamental por la que el Gobierno ha decidido suprimir la publicidad en la radiotelevisión pública es "la caída sustancial del mercado publicitario, como consecuencia de la crisis económica", que puede poner en peligro el equilibro financiero de la Corporación RTVE, según la Vicepresidenta Primera.

Fernández de la Vega ha asegurado que, una vez en vigor la ley, la Corporación se financiará "exclusivamente con recursos públicos". Parte de los ingresos llegarán, como ahora, de los Presupuestos Generales del Estado. Los operadores de televisión comercial que operen a nivel estatal o en más de una comunidad autónoma aportarán anualmente un 3% de sus ingresos y los operadores de telecomunicaciones, según el mismo criterio territorial, un 0,9% de los suyos.

Además, la Corporación RTVE percibirá el 80% de lo recaudado por la tasa sobre la reserva del dominio público radioeléctrico regulado en la Ley General de Telecomunicaciones. La Corporación contará también con los ingresos obtenidos por el ejercicio de sus actividades y por la comercialización de sus servicios y productos.

Servicio público

La Vicepresidenta Primera ha subrayado que la Corporación sólo podrá destinar los ingresos públicos a financiar actividades de servicio público, y no podrá utilizarlos para sobrepujar frente a competidores por derechos sobre contenidos de gran valor.

De hecho, ha dicho, "el Proyecto de Ley limita al 10% del presupuesto anual del aprovisionamiento y compras la adquisición de derechos de emisión de eventos deportivos, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos".

Por otra parte, María Teresa Fernández de la Vega ha señalado que, con el fin de seguir potenciando la industria cinematográfica, se incrementa en un 20% la obligación de la televisión pública estatal de invertir en cine español.

Además, la Ley refuerza el carácter de servicio público de RTVE estableciendo la obligación de incluir en su programación espacios donde se dé cabida a los grupos políticos, sindicales y sociales, retransmisiones de los principales debates parlamentarios, programas infantiles con contenidos y horarios adecuados y debates electorales. También se avanzará en accesibilidad para las personas con discapacidad y en apoyo a la emisión de producción audiovisual europea.

Modelo razonable y equilibrado

La Vicepresidenta considera que el modelo adoptado es "razonable", la medida está evaluada y entra en los márgenes de la Constitución y del Derecho Europeo. Asimismo, ha afirmado que que el Gobierno ha escuchado a todos los sectores y ha tratado de "buscar siempre la mayor complicidad" con ellos.

Al respecto, ha asegurado que los miembros de la Corporación RTVE, los sindicatos y los consumidores están de acuerdo con el modelo porque beneficia fundamentalmente a los ciudadanos, es "transparente y equilibrado" y de él se benefician desde el Estado hasta las empresas que se favorecen de los contenidos audiovisuales.

La Vicepresidenta ha puesto como ejemplo de modelo de televisión de éxito a la BBC, y apuesta por una televisión pública de mayorías, de calidad y competitiva, y para ello es necesario la estabilidad financiera.