El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo con el objetivo de "salvaguardar la dignidad de la Mujer", según afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El Ejecutivo remitirá el texto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial que deberán emitir su informe preceptivo.

Según el anteproyecto la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión.

De manera excepcional hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

A partir de aquí sólo un comité clínico podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.

La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

En la disposición final segunda del Anteproyecto se plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente para equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en 16 años.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, manifestó que la Ley ofrece "más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados". Además, señaló que se trata de una norma "más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual". "Con la nueva ley -afirmó la titular de Igualdad- ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, pero esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes".