Condenan a tres años de cárcel al general Navarro y a un año y medio a sus colaboradores por el Yak-42
La Audiencia Nacional condenó al general de División retirado Vicente Carlos Navarro a una pena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y al pago de una multa de 1.800 euros. Además le ha impuesto el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias en concepto de responsabilidad civil.
El general de División del Cuerpo Militar de Sanidad fue el oficial médico de más alto rango que formó parte de la comisión técnica que envió el Ministerio de Defensa a Turquía para realizar las identificaciones de los fallecidos y que erró en 30 de las 62 identidades.
Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia.
El fallo judicial señala que hubo un "delito intencionado" en la identificación errónea de 30 de los militares fallecidos. La sentencia señala que Navarro "sabía que estaba falseando la verdad" y que "actuó dolosamente".
La sentencia añade que 30 cadáveres "presentaban tal estado" que no eran identificables de forma visual y Navarro sin realizar "análisis complementarios" y "a pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales datos todos los cuerpos" elaboró una lista que "aparentaba que todos ellos habían sido identificados cuando lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria en treinta casos".
La Audiencia ha impuesto al general de Sanidad Militar una sanción de inhabilitación durante dos años. Los dos oficiales médicos que trabajaron en la comisión como subordinados de Navarro han sido condenados como cómplices a una pena de un año y medio de cárcel cada uno y sancionados con un año de inhabilitación. Además, deberán abonar una multa de 900 euros cada uno.
Los dos especialistas médicos han sido considerados por la Audiencia como responsables civiles subsidiarios, por lo que, en caso de que Navarro no abone la indemnización, ellos deberán afrontar ese pago. En última instancia, corresponderá al Estado pagar esa cantidad, si los tres condenados no pudieran abonar la indemnización.
Las familias de los 62 militares fallecidos el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) no pudieron acceder al edificio de la Audiencia Nacional por prohibición expresa de la Sala encargada del caso y recibieron la noticia a las puertas de las dependencias judiciales. Los familiares acogieron el fallo con alegría por la condena de cárcel impuesta a los tres militares y con lágrimas por el recuerdo de sus fallecidos.
Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente. Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de "los autores intelectuales" que obtuvieron "un beneficio político" de la "pronta repatriación" de los cuerpos.
El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas. Sin embargo, el fallo dice al respecto que "los forenses turcos actuaron bien" y "avisaron de la incorrecta identificación" de los cadáveres. Los dos oficiales médicos, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
La Audiencia Nacional condenó al general de División retirado Vicente Carlos Navarro a una pena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y al pago de una multa de 1.800 euros. Además le ha impuesto el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias en concepto de responsabilidad civil.
El general de División del Cuerpo Militar de Sanidad fue el oficial médico de más alto rango que formó parte de la comisión técnica que envió el Ministerio de Defensa a Turquía para realizar las identificaciones de los fallecidos y que erró en 30 de las 62 identidades.
Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia.
El fallo judicial señala que hubo un "delito intencionado" en la identificación errónea de 30 de los militares fallecidos. La sentencia señala que Navarro "sabía que estaba falseando la verdad" y que "actuó dolosamente".
La sentencia añade que 30 cadáveres "presentaban tal estado" que no eran identificables de forma visual y Navarro sin realizar "análisis complementarios" y "a pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales datos todos los cuerpos" elaboró una lista que "aparentaba que todos ellos habían sido identificados cuando lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria en treinta casos".
La Audiencia ha impuesto al general de Sanidad Militar una sanción de inhabilitación durante dos años. Los dos oficiales médicos que trabajaron en la comisión como subordinados de Navarro han sido condenados como cómplices a una pena de un año y medio de cárcel cada uno y sancionados con un año de inhabilitación. Además, deberán abonar una multa de 900 euros cada uno.
Los dos especialistas médicos han sido considerados por la Audiencia como responsables civiles subsidiarios, por lo que, en caso de que Navarro no abone la indemnización, ellos deberán afrontar ese pago. En última instancia, corresponderá al Estado pagar esa cantidad, si los tres condenados no pudieran abonar la indemnización.
Las familias de los 62 militares fallecidos el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) no pudieron acceder al edificio de la Audiencia Nacional por prohibición expresa de la Sala encargada del caso y recibieron la noticia a las puertas de las dependencias judiciales. Los familiares acogieron el fallo con alegría por la condena de cárcel impuesta a los tres militares y con lágrimas por el recuerdo de sus fallecidos.
Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente. Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de "los autores intelectuales" que obtuvieron "un beneficio político" de la "pronta repatriación" de los cuerpos.
El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas. Sin embargo, el fallo dice al respecto que "los forenses turcos actuaron bien" y "avisaron de la incorrecta identificación" de los cadáveres. Los dos oficiales médicos, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
