En el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado hoy que corresponde a los jueces “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional” y que, frente a las “inaceptables” voluntades unilaterales que solo contemplan la ruptura o la separación como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio, “nadie sufrirá por cumplir la Ley”.

Durante el discurso, pronunciado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con motivo del acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey, Lesmes ha afirmado que la indisoluble unidad de la Nación española que proclama el artículo 2 de la Constitución es un “mandato jurídico directo” que corresponde garantizar al Poder Judicial “junto al resto de los Poderes del Estado".

No ha faltado el recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas del pasado 17 de agosto en Barcelona. “La libertad no se negocia, no está en venta”, ha dicho Lesmes, que ha dedicado una buena parte de su intervención al reto jurídico que plante la diversidad cultural y la integración de todos en el marco de la convivencia y la democracia.

Destacan sus palabras en defensa de la necesidad de que las autoridades competentes presten la debida atención a las demandas de los miembros de la Carrera Judicial, recordando que, en los últimos años, los jueces han sufridos mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones y han soportado incrementos notables de sus cargas de trabajo mientras que la planta judicial apenas ha experimentado crecimiento y ha desarrollado su actividad con limitados recursos humanos y materiales.

“Ha llegado el momento de que la sociedad, a través de sus representantes, mire a sus jueces y les ofrezca respuesta a sus necesidades e inquietudes legítimas, pues la dimensión colectiva de sus funciones lo reclama en beneficio de la propia sociedad”, ha dicho.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Manuel Maza, ha defendido en su discurso la figura  del fiscal instructor, y la reordenación de tareas de jueces y fiscales, como un modelo procesal que permitirá una eficaz herramienta en la lucha contra la corrupción. Un modelo acorde, por otro lado, con el modelo existente en Europa y América y que la doctrina defiende.

La confianza depositada en la Fiscalía se demuestra en las funciones del Ministerio que desbordan las del proceso penal: en el derecho de familia, en defensa del interés del menor, la defensa de las personas con discapacidad y los mayores en los supuestos de internamiento, incluso en la tutela del derecho de consumidores: ejercitando la acción civil contra comportamientos abusivos de grandes compañías.

Maza ha afirmado que, según la frase de Platón, "La máxima injusticia es el desprecio de las leyes"; De manera que quien la desprecie en nombre de política o del pueblo tendrán la respuesta de los fiscales, que defenderán la legalidad bajo la dirección de FGE, y las provinciales de Cataluña garantizarán el marco de derechos constitucional.

En lo que se refiere a los datos estadísticos sobre funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales durante 2016, Lesmes ha señalado que durante el pasado año ingresaron en los órganos judiciales un total de 5.813.137 asuntos y se resolvieron un total de 6.010.185, quedando en tramitación al final del periodo otros 2.234.476. Por su parte, el número de sentencias dictadas fue de 1.443.896.