La Fiscalía ha emprendido varias medidas en los últimos días con el fin de garantizar el mandato del Tribunal Constitucional que suspende la Ley del Parlamento de Cataluña 19/ 2017 y e consecuencia la celebración del referéndum del 1 de octubre.

El primero de ellos, fue la presentación de las querellas contra los miembros de la mesa parlamentaria del Govern, las cuales ya han sido admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La querella registrada contra la Presidenta del Parlament y los cuatro miembros de la Mesa por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, se acumula al procedimiento ya abierto contra la Presidenta del Parlament y varios miembros de la Mesa que ya instruía la magistrada M. Eugenia Alegret. Por su parte, la querella dirigida contra el Presidente Carles Puigdemont y otros dcoce miembros del Govern por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, se acumula al procedimiento ya abierto contra la consellera Meritxell Borràs y quien era el Secretario General de su departamento Francesc Esteve y que ya instruía la magistrada Mercedes Armas.

El siguiente paso de la Fiscalía ha sido la emisión de la Instrucción núm. 2/2017que ordena a los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil entre otras cosas que requisen urnas que se coloquen. La Instrucción concretamente señala que los Mossos, al igual que la Guardia Civil y la Policía Nacional, están obligados a seguir las instrucciones que reciban del Fiscal a efectos de investigación de los delitos y persecución de los delincuentes. Así, establece una serie de directrices que deben seguir las Unidades policiales bajo su mando, en todos los supuestos de actos que se ejecuten en su demarcación por autoridades o funcionarios públicos o por particulares en connivencia con aquellos, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación, en tanto indiciarios de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

Por último, este miércoles la Fiscalía General del Estado ha dictado un documento, dirigido a los Fiscales Jefes de las Fiscalías Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, con el fin de incoar diligencias de investigación, en relación con cada uno de los Ayuntamientos radicados en las respectivas Fiscalías, que aparecen en el listado de corporaciones municipales que han accedido a poner a disposición del Gobierno de la Generalitat sus locales municipales.

La nota de la fiscalía indica que deberá citarse, a través de la Policía Judicial, a cada uno de los alcaldes, para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal, declare en calidad de investigado, asistido de Letrado.

En caso de no comparecencia se prevé su detención y presentación en fiscalía, oficiando los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial a estos efectos.