En la actualidad, sólo las autoridades nacionales pueden investigar y enjuiciar casos de fraude relacionado con el presupuesto de la UE, como el mal uso intencional de los fondos estructurales europeos o el fraude frontera IVA, pero su jurisdicción se detiene en las fronteras nacionales.

La Fiscalía Europea será la encargada de investigar y enjuiciar a los infractores contra los intereses financieros de la UE. A través de un intercambio más fluido de información, una mejor coordinación de las investigaciones policiales, un ataque más rápido de los activos y la detención de sospechosos fuera de las fronteras nacionales. Además trabajará con la colaboración de la Agencia Europea para el fortalecimiento de la cooperación judicial (Eurojust) y con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para asegurar el éxito de los procesos y una recuperación más eficaz de dinero desviado de los contribuyentes.

Ahora que el Parlamento ha dado su aprobación para la creación de la Fiscalía Europea, el Consejo puede adoptar formalmente el reglamento sobre este tema, el cual debería estar operativo entre 2020 y 2021.

La Fiscalía Europea se creará en el marco de una cooperación reforzada entre 20 Estados miembros, ya que Malta, Hungría, Polonia, el Reino Unido, Irlanda, Suecia, los Países Bajos y Dinamarca, no participan en el acuerdo, al que podrán adherirse en cualquier momento.

La Oficina Central de fiscal europeo tendrá su sede en Luxemburgo y contará con un Fiscal General y los fiscales de todos los países participantes, que se encargarán de supervisar las investigaciones llevadas a cabo diariamente por los fiscales delegados de todos los Estados miembros participantes.