El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos del Congreso de los Diputados contra varios preceptos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por las que se transponen a nuestro derecho dos directivas europeas. La resolución no supone dejar en suspenso la norma, que entró en vigor el pasado viernes, ya que ésta posibilidad la reserva la Constitución para los recursos presentados por el Gobierno.

El motivo del recurso es un tema técnico con transcendencia práctica. Según declaraciones del portavoz de Unidos Podemos la consideración como 'no tributario' o 'tributario' del pago por determinadas concesiones "dependen cuestiones como que se pueda cortar o no el agua por impago a vecinos que no puedan hacer frente" a las tasas.

El recurso en concreto se opone contra el artículo 289.2 de la mencionada Ley, sobre las prestaciones económicas, a la Disposición Adicional 43ª y las Disposiciones Finales 9ª, 11ª y 12ª. 

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso