En su paquete de decisiones sobre procedimientos de infracción correspondiente al mes de junio, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos con arreglo a los requisitos sobre las normas de la UE para la Directiva marco sobre residuos (Directiva 2008/98/CE) en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Islas Baleares, Canarias y Madrid) y en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los planes de gestión de residuos son un instrumento clave para la reducción de las repercusiones negativas que la generación y la gestión de los residuos tienen sobre la salud humana y el medio ambiente y son también esenciales para avanzar hacia la economía circular.
España tenía que haber establecido los correspondientes planes de gestión de residuos para cubrir la totalidad de su territorio a más tardar el 12 de diciembre de 2010, y debía haber evaluado y revisado dichos planes al menos cada seis años. Además, España debería haber informado a la Comisión de los planes de gestión de residuos, una vez adoptados, y de cualquier revisión sustancial de los planes. La Comisión ha instado reiteradamente a España a cumplir las obligaciones que le incumben: primero a través de una carta de emplazamiento, en noviembre de 2016, y después mediante un dictamen motivado en julio de 2017. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.
Además, la Comisión pide a España que cumpla plenamente con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE de 15 de marzo de 2017 (C-563/15). En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva marco sobre residuos (Directiva 2008/98/CE) por no adoptar las medidas necesarias en 61 vertederos. Las autoridades españolas tenían que haber garantizado que la gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud ni perjudicar al medio ambiente. A pesar de algunos avances desde la sentencia, la clausura, sellado y las obras de reparación están aún pendientes en 22 vertederos (uno en Andalucía, 19 en las Islas Canarias y dos en Murcia), en los que se prevén retrasos importantes. Más de un año después de la decisión del Tribunal, la sentencia aún no ha sido aplicada en su totalidad por las autoridades nacionales, lo que supone un riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente. Por ello, la Comisión envía ahora una carta de emplazamiento a España, antes de llevar de nuevo el asunto ante el Tribunal, y pide que se impongan sanciones financieras. Si España no actúa en los próximos dos meses, la Comisión puede enviar un dictamen motivado sobre este asunto.
