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18/07/2018 08:34:45 Comisión Europea Escándalo «dieselgate» 5 minutos

La Comisión Europea y las autoridades de los consumidores publican la evaluación final de su diálogo con Volkswagen

La Comisión Europea y las autoridades de consumo están de acuerdo en que las medidas adoptadas por Volkswagen han tenido hasta ahora como resultado una evolución positiva en lo que respecta a la información facilitada a los consumidores.

La Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores de la UE han publicado sus conclusiones sobre los 8,5 millones de vehículos llamados a revisión en la Unión por el grupo Volkswagen tras el escándalo «dieselgate».

Se acogen favorablemente los esfuerzos del Grupo VW para generar confianza en las llamadas a revisión, y la mejora significativa de la información facilitada a los consumidores. La tasa de reparación está alcanzando el 80 % y el Grupo se ha comprometido a continuar la actualización gratuita y la correspondiente garantía de hecho para resolver los problemas que surjan tras la actualización hasta el final de 2020. No obstante, la Comisión y las autoridades de consumo lamentan que la empresa no haya podido dar una garantía completa y clara en caso de problemas después de la reparación.

V. Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «Hemos trabajado duro para hacer que VW sea más proactiva con los consumidores de la UE afectados por el escándalo «dieselgate». VW ha cumplido el plan de acción que me prometió, pero eso fue todo. Esto es un nuevo recordatorio de la necesidad de contar con normas más estrictas sobre la reparación individual en la UE, incluidas las acciones colectivas.»

En sus conclusiones, la Comisión Europea y las autoridades de consumo están de acuerdo en que las medidas adoptadas por Volkswagen han tenido hasta ahora como resultado una evolución positiva en lo que respecta a la información disponible en línea, con una gran cantidad de preguntas y respuestas y videoclips, sobre el motivo de la actualización y cómo obtenerla, y sobre la medida de generación de confianza. Por otra parte, Volkswagen no ha proporcionado una garantía completa y clara de que la actualización no afecta al rendimiento de los vehículos y se ha negado a simplificar las condiciones de acceso a la medida de generación de confianza. El Grupo VW se ha comprometido a responder a todas las reclamaciones que los consumidores puedan realizar después de la reparación. Se anima a los consumidores afectados a que se pongan en contacto con sus concesionarios locales si tienen problemas relacionados con la actualización. En caso de que se deniegue la asistencia, deberán presentar una denuncia formal en los puntos de contacto nacionales de Volkswagen para la llamada a revisión y pueden informar a su organización nacional de consumidores.

Próximos pasos

La conclusión de esta acción coordinada a nivel de la UE no excluye otras medidas por las autoridades responsables de la aplicación a nivel nacional, de acuerdo con sus circunstancias locales.

Contexto

Tras el escándalo Dieselgate, la comisaria Jourová obtuvo de Volkswagen, en septiembre de 2016, un plan de acción para toda la UE destinado a garantizar que los vehículos afectados en la Unión fueran reparados, que los consumidores fuesen correctamente informados y que no sufriesen inconvenientes en este proceso. En junio de 2017, dado que el proceso de reparación seguía siendo lento, Volkswagen proporcionó además la denominada medida de generación de confianza, con la que Volkswagen prometía resolver los problemas que se planteasen tras la reparación hasta finales de 2018. La garantía de hecho relacionada con la medida de generación de confianza está limitada a 11 piezas del motor.

En septiembre de 2017, las autoridades nacionales de protección de los consumidores, bajo la dirección de la autoridad neerlandesa (ACM) y la Comisión Europea pidieron a Volkswagen que realizase esfuerzos adicionales. El informe presenta una visión de conjunto de los resultados de las acciones emprendidas por Volkswagen a raíz de esta petición.

El Reglamento sobre cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) de la UE reúne a las autoridades nacionales de consumo en una red paneuropea de cumplimiento de la ley. En el marco de esta red, una autoridad nacional de un país de la UE puede dirigirse a su homóloga en otro país de la UE para pedirle que intervenga en caso de infracción transfronteriza de la legislación de la UE en materia de consumo.

Esta cooperación es aplicable al Derecho de consumo, que abarca diversos ámbitos, como la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre los derechos de los consumidores o la Directiva sobre sistemas de garantía y las garantías de los bienes de consumo. En virtud de la normativa CPC, las autoridades examinan periódicamente cuestiones de interés común en materia de protección de los consumidores en el mercado único y coordinan sus actividades de vigilancia del mercado y eventuales medidas ejecutivas. La Comisión facilita el intercambio de información entre las autoridades competentes, así como su coordinación.

En general, cuando un fabricante de automóviles incumple las normas de la UE sobre homologación de tipo, el Estado miembro que haya aprobado el tipo de vehículo tiene que hacer dos cosas: ordenar medidas correctoras, tales como la llamada a revisión para garantizar que todos los vehículos afectados se ponen en conformidad con la ley; y aplicar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra el fabricante de automóviles.

La Comisión publica periódicamente un resumen del progreso del nivel de llamadas a revisión en relación con las emisiones de NOx. Está siguiendo muy de cerca la aplicación por los Estados miembros de estas normas y ha incoado una serie de procedimientos de infracción, en particular contra Alemania, España, Luxemburgo y el Reino Unido en relación con el Grupo Volkswagen.

La Comisión también impulsó una revisión fundamental de las normas de homologación de tipo de la UE. Como consecuencia de ello, a partir de septiembre de 2020, la Comisión podrá ordenar llamadas a revisión a escala de la UE e imponer sanciones administrativas a los fabricantes o a los servicios técnicos de hasta 30 000 EUR por vehículo no conforme.

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