Sólo falta la firma del Presidente de la Republica Checa para que las trescientas páginas del tratado de Lisboa entren en vigor, abriendo una nueva etapa en la construcción comunitaria. Una Europa más eficaz y democrática en la que se reforzarán los derechos de los ciudadanos. También se transformará la forma de trabajo de las instituciones europeas.

La entrada en vigor de Lisboa supondrá cambios importantes para el Parlamento Europeo, que se situará desde ese momento en pie de igualdad legislativa con el Consejo, con algunas excepciones. El llamado procedimiento de codecisión se aplicará en la mayoría de los casos, dotando a los eurodiputados, representantes directos de los ciudadanos, de un mayor peso en el proceso.

Instituciones

Los poderes y competencias del Parlamento Europeo se ampliarán en una serie de áreas, como el establecimiento del presupuesto comunitario, la política agrícola o los asuntos de justicia e interior.

Además, el número de eurodiputados se ajustará en 751, dieciocho más de los actuales; cuatro de ellos serán españoles.

Por otra parte, a partir de ahora el Presidente de la Comisión Europea será elegido por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo, que deberá tener en cuenta el resultado de las elecciones europeas y la opinión de los representantes de la Eurocámara.

El Consejo no será ajeno a los cambios: con la entrada en vigor del nuevo tratado, las decisiones de los ministros se adoptarán en mayor medida mediante mayoría cualificada, en lugar de la unanimidad que prevalece hasta ahora. En cualquier caso, se mantiene la unanimidad en áreas especialmente sensibles como la fiscalidad y la defensa.

Ciudadanos

Para los ciudadanos, el tratado de Lisboa supondrá un fortalecimiento de su capacidad de iniciativa: un millón de formas procedentes de distintos Estados miembros podrán ser el punto de partida para una propuesta legislativa.

Además, por primera vez se contempla la posibilidad de que un Estado miembro se retire de la Unión Europea.

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea adquiere carácter legalmente vinculante en todos los países miembros, con lo que se garantiza que toda ley propuesta o aplicada deba respetar los derechos recogidos en el documento.

En el plano institucional, Lisboa crea dos nuevos puestos de alto nivel. En primer lugar, habrá un Presidente de la Unión Europea, en lugar de las actuales presidencias rotatorias con turnos de seis meses para cada Estado miembro.

Política exterior

También habrá un Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad, un cargo inspirado en el actual Alto Representante pero que contará con el nuevo servicio europeo de acción exterior de la Unión. De esta forma, se reforzarán las relaciones exteriores comunitarias y la voz de la Unión Europea en la escena internacional.

Los parlamentos nacionales ganarán asimismo presencia en la política comunitaria con la introducción de un sistema por el que se les da un plazo de ocho semanas para pronunciarse si consideran que una propuesta de ley comunitaria invade sus competencias.