La Junta de Andalucía "garantizará" la desconexión del respirador que mantiene con vida a Inmaculada Echevarría. La consejera de Salud, María Jesús Montero aseguró, tras leer el informe del Consejo Consultivo andaluz, que no tiene ninguna duda de que lo que pide la enferma es "que se cumpla un derecho" reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente, por lo que asegurará que la decisión de Echevarría, enferma de distrofia muscular y que ha solicitado que le retiren la ventilación mecánica, sea respetada. El informe sostiene que el hecho de que los médicos desconecten el respirador "no puede considerarse punible", por lo que el gobierno andaluz no pedirá más informes jurídicos ni médicos.
Según aseguró Montero, ahora el asunto depende de "la relación médico-paciente", de manera que serán Echevarría y el equipo médico que le atiende quienes se pongan de acuerdo para fijar "en qué circunstancias" se lleva a cabo la desconexión de la paciente.
Echevarría ha expresado su temor a que desde el centro médico en el que está ingresada, el Hospital de San Rafael (de titularidad religiosa), pongan obstáculos a su decisión, a lo que la Consejera de Salud respondió que es poco probable que el centro se niegue a que la desconexión se realice allí, puesto que "la única posibilidad" para no ejecutar el derecho de Echevarría es la objeción de conciencia. En cualquier caso "la administración sanitaria garantizará que se cumpla el derecho".
Para elaborar el dictamen el Consejo Consultivo ha analizado la ley española de Autonomía del Paciente y el convenio del Consejo de Europa para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el cuatro de abril de 1997 y vigente en España desde el 1 de enero de 2000.
Según el consejo, el convenio "sienta como regla general el consentimiento libre e informado del paciente para la práctica de una intervención en el ámbito de la sanidad; consentimiento que puede ser retirado libremente en cualquier momento", por lo que aunque la enferma accedió años atrás a que le conectasen al respirador ahora tiene derecho a solicitar su desconexión.
El consejo afirma también que el hecho de que los médicos desconecten la máquina "no puede considerarse punible" y que "la práctica generalidad de la doctrina penal excluye, en todo caso, que sea delito la llamada eutanasia pasiva indirecta, porque una cosa es matar mediante un acto directo y otra cosa es dejar morir por la interrupción de un tratamiento tras la solicitud del paciente".
