Irene Ruiz de Valbuena.- Cada vez es más habitual que las personas opinen en Internet sobre sus experiencias como clientes en un hotel, restaurante o cualquier otro servicio profesional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas tienen derecho al honor. Es innegable que la reputación y la imagen de una compañía son elementos cruciales para el éxito de su negocio y por lo tanto deben preservarlos. Si bien es cierto que, por norma general, estos conflictos se resuelven al margen de la vía judicial, solicitando una rectificación o retirada de los comentarios que puedan suponer un perjuicio, podemos encontrar algunos ejemplos en los que estas situaciones han acabado en los tribunales.
Sin ir más lejos, el pasado jueves un juzgado de Barcelona dictó una sentencia en la que desestimaba la demanda presentada por una empresa, propietaria de dos restaurantes en Valencia, en la que reclamaba una indemnización de 669.000 euros al portal de opiniones Tripadvisor, por dañar su imagen y prestigio (acceda aquí a la sentencia). Concretamente, demandaban a la plataforma por incluir sus establecimientos sin permiso y permitir que se vertieran opiniones "calumniosas" sobre ellos. Para fundamentar su petición, la empresa recogía tres ejemplos de opiniones de usuarios en los que se acusaba a uno de sus restaurantes de "estafar a la Seguridad Social", ser un local "sin derechos laborales" y servir comida "tóxica". Finalmente, el juez ha rechazado la demanda, negándole la que reclamaba a Tripadvisor.
En la sentencia se explica que Tripadvisor no basa su modelo de negocio "en la mayor o menor reputación de los establecimientos que tienen un perfil creado su web", y que el portal "realiza un doble control de las opiniones que suben los usuarios a la red". Por lo tanto, que haya comentarios negativos sobre un negocio no le reporta beneficios a dicho portal de opiniones. Además, el juez recuerda que los dos comentarios relacionados con la gestión de los restaurantes se retiraron un día después de publicarse, y que el comentario sobre la comida, aunque contenía una palabra "innecesariamente injuriosa" -tóxico-, añadía una valoración subjetiva, que podría tildarse de normal.
Por otro lado, el juez puntualiza que este conflicto, planteado como un supuesto de competencia desleal, encajaba mejor dentro del ámbito de la protección del honor de la empresa.
Ponderación con la libertad de información y expresión
No es la primera vez que unos comentarios en Internet son objeto de un proceso judicial. En 2014 llegó hasta el Tribunal Supremo un caso en el que en un blog se cuestionaba la legalidad urbanística de las licencias de construcción concedidas a una promotora por parte del Ayuntamiento. Aunque en este caso la demanda sí se presentó por una posible vulneración del derecho al honor de la empresa, la sentencia también resultó desestimatoria (enlace a la sentencia).
El tribunal consideró que el texto publicado contenía una opinión personal crítica sobre un hecho de indudable interés informativo, como es la actuación de la administración municipal en la concesión de licencias de edificación, sin expresiones injuriosas, insultantes o desproporcionadas. Además, señaló que no se insinuaba que la constructora hubiera participado en la concesión supuestamente irregular de dichas licencias. De tal manera, que estableció que prevalecía la libertad de información y de expresión.
Criticar a un juez puede salir caro
Los jueces y fiscales tampoco se libran de ser el blanco de críticas difundidas a través de Internet. En 2012 la Audiencia Provincial de Toledo resolvió un supuesto en el que una persona insultó al Fiscal Jefe y contra el Presidente el TSJ de Castilla la Mancha en un foro de Internet. Sin embargo, en este caso, dada la gravedad de las expresiones empleadas, indudablemente ultrajantes y ofensivas, cuyo único ánimo era manifestar su resentimiento o venganza por las resoluciones judiciales adversas que le hayan podido afectar, el tribunal determinó que no estaban amparadas por la libertad de expresión y le condenó por un delito de injurias graves con publicidad a funcionario público (enlace a la sentencia).
Fuera de nuestras fronteras
A principios de mes, un tribunal de Innsbruck (Austria) ha dado la razón a un hotel al decidir que primaba su derecho a proteger su reputación sobre el derecho a la libertad de expresión de unos huéspedes. Los propietarios del hotel austriaco demandaron a un hombre alemán que después de alojarse allí publicó en Tripadvisor comentarios en los que los criticaba que su vestíbulo estuviese decorado con un retrato de un "abuelo nazi" en un uniforme adornado con una esvástica. El tribunal ha considerado que, con su comentario, da a entender que los actuales propietarios simpatizan con el partido de Hitler, el NSDAP, por lo que les da la razón y ha obligado a eliminar el comentario de ambas plataformas.
En 2013 fue muy sonado el caso de Caroline Doudet, una bloguera francesa que tras una visita al restaurante italiano Le Cap-Ferret, decidió publicar una crítica en la que advertía que era un lugar a evitar. El caso llegó al juzgado y la bloguera fue condenada a pagar una multa de 1.500 euros en concepto de daños y perjuicios más las costas del juicio.
En Estados Unidos, un fabricante de suplementos de nutrición deportiva, Ubervita, ganó un pleito a Amazon y Craiglist. El tribunal de Washington que resolvió el asunto impuso a ambas plataformas la obligación de entregar las identidades (nombre, dirección, teléfono, IP, etc.) de los usuarios que habían valorado su producto al considerar que se estaba produciendo una "campaña de juego sucio" contra ellos.
Algo parecido le ocurrió al portal de opiniones Yelp, al que un juzgado de Virginia obligó a desvelar la identidad de los siete usuarios que sirviéndose de su plataforma habían vertido comentarios negativos sobre el servicio de limpieza de alfombras de una tintorería.
