La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado un cártel de 19 compañías especializadas en servicios de montaje y mantenimiento industrial consistente en un entramado de favores, contactos e intercambio de información para falsear licitaciones privadas y fijar precios mínimos. La conducta se habría producido entre 2001 y 2017 y habría supuesto el falseamiento de los precios del mercado y el reparto ilegal de al menos 746 licitaciones desde 2001 en el sector energético y petroquímico.
Las sanciones interpuestas por la Comisión a las 19 sociedades se elevan a 54,26 millones de euros, y a 280.500 euros a los ocho directivos implicados en el caso. Entre las empresas sancionadas se encuentran compañías como Sacyr Nervión (sociedad del Grupo Sacyr), Duro Felguera Operaciones o Imasa.
Fuente: CNMC
La trama funcionó hasta que en 2017 una de las participantes en la trama (multada con 9.300.000 euros, la segunda sanción más alta en todo el cártel) decidió denunciar las prácticas anticompetitivas a la CNMC a través del Programa de Clemencia, quedando así exenta de multa, tal como establece el artículo 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia.
La mercantil Enwesa Operaciones S. A también se ha beneficiado de una reducción de la mitad de la multa al aportar información esencial sobre el cártel una vez iniciada la investigación.
Licitaciones falseadas desde 2001
Según las pesquisas de la CNMC, las empresas participaron desde el 18 de enero de 2001 hasta julio de 2017 (cuando comenzó la investigación) en el falseamiento de al menos 746 licitaciones para la gestión para grandes compañías de su maquinaria industrial y su mantenimiento. Los trabajos de gestión incluían servicios como instalaciones de depósitos, tanques en centrales de generación o gestión de maquinaria de aeropuertos, trabajos altamente especializados que se adjudicaban a través de licitaciones privadas.
Se ha acreditado que se realizaron al menos 19 reuniones con empresas a nivel nacional y local para organizar el cártel. La trama clasificaba las ofertas según su dimensión entre licitaciones nacionales y otras para empresas locales. Una empresa coordinadora presentaba las ofertas locales a las empresas más pequeñas, pactando acuerdos anticompetitivos a ojos de la Comisión.
Así, la CNMC distingue varias etapas de actuación fraudulenta en el actuar del entramado anticompetitivo. En un primer momento, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.
Posteriormente, el intercambio de información comenzó a realizarse por medio de “Excell”, donde cada empresa informaba de sus precios y las ofertas de cobertura. Con el tiempo crearon sus propios códigos de comunicación, donde las empresas que querían optar a una licitación tenían que marcar un “sí” en el documento excell para informar a las demás de su postura. Más tardes estos documentos fueron sustituidos por emails o burofaxs, y en última instancia por comunicaciones vía Whatsapp.
Con estas prácticas, los participantes conseguían controlar las licitaciones abiertas al mercado, restringir su acceso, y al mismo tiempo imponer precios mínimos para encarecer sus servicios. Algo que vulnera lo estipulado en al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE y el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.
Frente a la sanción, las empresas pueden interponer recurso a la Audiencia Nacional.
