El Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, incorpora una serie de medidas de carácter urgente dirigidas al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español para paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

Liquidación del turoperador Thomas Cook

El concurso de acreedores de este grupo empresarial británico, que se está tramitando en los tribunales del Reino Unido, ha producido unos efectos nocivos muy relevantes en las empresas turísticas y en los trabajadores afectados directa o indirectamente por la onda expansiva que desencadenan estas situaciones de insolvencia. Además va a afectar al tejido empresarial de las zonas en las que operaba el grupo.

Por otra parte, la previsible apertura de nuevos procedimientos de insolvencia secundarios, tanto en España como en otros Estados miembros de la Unión Europea, derivada de la liquidación obligatoria de la matriz del grupo, tiene un impacto extraordinario en el sector turístico español.

El Gobierno considera que la excesiva dependencia de algunos de nuestros destinos de este único turoperador, principalmente los territorios insulares de Canarias e Illes Balears, conduce a una crisis inédita en este mercado que requiere de una actuación inmediata y extraordinaria que mitigue el alcance de las consecuencias nocivas del desplome de este grupo empresarial.

Medidas en materia de empleo y de Seguridad Social

Para las empresas establecidas en los territorios insulares, la norma incorpora una medida consistente en la ampliación de las bonificaciones en las cuotas de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

Así, se amplía la bonificación del artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que se aplicará, además de en los meses previstos en dicho artículo, de forma excepcional, durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020, para las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, respecto de sus centros de trabajo ubicados en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y de Canarias, y acrediten el cumplimiento de los restantes requisitos que prevé el mencionado artículo.

Esta medida podrá completarse con otras, como el aplazamiento de cuotas de cotizaciones de la Seguridad conforme a la regulación prevista en el capítulo VII del título I del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Además, el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la protección por desempleo y la ejecución de sus políticas activas de empleo para dar respuesta a la situación de los trabajadores afectados por esta situación excepcional.

Apoyo financiero al sector turístico

El texto contempla, por un lado, una línea de financiación para atender a los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. Para ello, se instruye al Gobierno para que, mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, apruebe una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia de dicho grupo empresarial.

Asimismo la norma establece la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears (15 millones de euros y 8 millones de euros, respectivamente), de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con objeto de recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino.

Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística

El Real Decreto-ley se ocupa de la regulación del denominado Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, que tendrá por objeto apoyar financieramente los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la mejora de la competitividad del sector, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de innovación y modernización de los servicios, para adaptarse inmediatamente ante la pérdida de demanda ocasionada por la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook. Además, establece el cambio de denominación del anterior Fondo para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), el cual pasa ahora a denominarse Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT).

Las disposiciones adicionales de la norma se refieren al establecimiento por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, de medidas generales de información a las empresas del sector turístico que afronten la recuperación de deudas en el marco de procedimientos de insolvencia de empresas del grupo Thomas Cook, y al reforzamiento de la iniciativa de destinos turísticos inteligentes a afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, con el objetivo de mejorar la gestión y hacer a los destinos turísticos más competitivos en un contexto excepcional derivado de la desaparición de uno de los principales turoperadores que operan en nuestro país.

Modificaciones legislativas

- Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007: se modifica la disposición adicional cuadragésima tercera.

Entrada en vigor y disposiciones transitorias

El Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, entró en vigor el 12 de octubre de 2019, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A los proyectos que hubieran sido financiados con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) les será de aplicación lo previsto en el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, y en el resto de normas aplicables vigentes al momento de aprobarse el real decreto-ley.