El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y los consejeros de las 11 comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia firmaron un acuerdo histórico para crear un sistema judicial integrado en todo el territorio nacional a través del proyecto Ejis (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad), que permitirá la conexión telemática entre todos los sistemas de justicia del Estado.
Las 11 comunidades autónomas se han adherido al convenio de colaboración suscrito el pasado 30 de septiembre entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para poner en marcha y desarrollar este proyecto. Incluido en el Plan de Modernización de la Justicia, aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros, su propósito es conseguir que todos los órganos judiciales se comuniquen entre sí y se intercambien información de forma recíproca y en tiempo real.
El ministro de Justicia, que junto a Carlos Dívar y Cándido Conde Pumpido, inauguró acto seguido unas jornadas para presentar el Ejis, destacó que “es un proyecto sin precedente alguno que aglutina y colegia los esfuerzos del CGPJ, FGE, Ministerio y todas las comunidades autónomas con competencias en Justicia, encauzándolos en una mismas dirección para el logro de un objetivo común”. Subrayó “la participación activa de todas y cada una de las instituciones implicadas” con el fin de conseguir “un cambio fundamental para transformar la capacidad de respuesta de nuestra Administración de Justicia”.
“Vertebrar instrumentos de colaboración”
Para Francisco Caamaño, la relevancia de este proyecto hay que enmarcarlo en “la necesidad de vertebrar, en el Estado de las Autonomías, instrumentos de colaboración y participación como el presente, que permite respetar los ámbitos correspondientes de competencia y, al tiempo, que todos avancemos de la mano y de forma consensuada hacia la consecución de los importantes retos que tenemos por delante”.
El ministro explicó que el acuerdo busca facilitar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad administrativa judicial, “en condiciones de eficacia, eficiencia, racionalidad económica y calidad”. Y subrayó que el objetivo es conseguir “una justicia ágil, accesible y segura, capaz de responder puntualmente a las expectativas de los ciudadanos del mismo modo que acontece en otros servicios públicos esenciales”.
“La modernización tecnológica de la Administración de Justicia –añadió el ministro- descansa en dos premisas fundamentales: seguridad e interoperabilidad. Bajo la arquitectura del EJIS sendos pilares coexisten de forma conjunta y apuestan por el funcionamiento cohesionado de los distintos sistemas y aplicaciones informáticas existentes, contribuyendo, en definitiva, a la creación y aprovechamiento de sinergias”.
Además del funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia, el proyecto Ejis también comprende el intercambio telemático de información entre los operadores jurídicos y otras instituciones y administraciones públicas como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, institutos de medicina legal y aquellos organismos o profesionales cuyas funciones se inscriben directamente en la Administración de Justicia.
Juan Carlos Campo: “Un cambio cualitativo”
Este intercambio telemático de información junto a la accesibilidad compartida a los servicios de Justicia “será objeto de una actualización y mejora constante”, que dará lugar a “una estructura de incentivos tendentes a ampliar progresivamente el catálogo de servicios”, explicó en la primera intervención de las jornadas el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, para quien el sistema Ejis “representa un cambio cualitativo en la modernización de la Justicia”. Campo explicó que la primera fase para su implantación ya se ha iniciado con la puesta en marcha de un plan para elaborar un mapa detallado de todos los servicios, y con qué aplicaciones se prestan, tanto desde el Ministerio, como la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades, pero también desde otras administraciones como, por ejemplo, la Agencia Tributaria. Aseguró que estos trabajos “están muy avanzados” y anunció que esta primera fase estará terminada en el primer trimestre del año que viene.
