El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda sobre la transposición de la Directiva de Servicios, un proceso que está próximo a concluir y que ha supuesto un esfuerzo sin precedentes tanto de revisión de nuestro modelo de intervención económica, como de cooperación entre todas las Administraciones Públicas. Este nuevo marco regulatorio supone nuevas formas de control de la actividad más eficaces y menos gravosas para ciudadanos y empresas.
Su objetivo es crear un entorno más favorable y transparente para el desarrollo de las actividades de servicios a nivel comunitario. Para ello, propone la supresión de trabas y obstáculos que restringen injustificadamente o desproporcionadamente el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, simplifica trámites y procedimientos, impulsa una ventanilla única para el acceso a la información y la tramitación electrónica, mejora la supervisión de los prestadores a través de la cooperación entre Administraciones y refuerza la protección y los derechos de los consumidores.
Desde el principio el Gobierno ha optado por considerar este proceso como una oportunidad para impulsar una reforma en profundidad del sector más importante de nuestra economía, creando un entorno regulatorio más favorable y transparente para el desarrollo de las actividades de servicios, en la confianza de que del mismo se derivarán ganancias de eficiencia, productividad y empleo, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.
Cabe esperar, por tanto, resultados económicos significativos por efecto de la transposición. Las estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda cifran su impacto en un aumento del PIB en torno al 1,2 por 100 y la creación de entre 150.000 y 200.000 empleos.
Cambios normativos
La transposición normativa, a nivel de la Administración General del Estado, se ha realizado a través de dos leyes: la Ley de 24 de noviembre de 2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas), y la Ley de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley anterior (Ley Ómnibus), que supone la adaptación de 48 leyes. El proceso incluye, asimismo, la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, ambas en estos momentos en el Senado.
La transposición se completa con la adecuación a estas leyes de la normativa reglamentaria. En concreto, 115 Reales Decretos y 17 Órdenes ministeriales deben ser adaptados. Estas modificaciones reglamentarias se van a realizar a través de 51 Reales Decretos. Cuatro de ellos ya han recibido luz verde del Consejo de Ministros en fechas recientes y hoy el Ejecutivo ha aprobado otros tres. El resto completarán su tramitación en próximas semanas.
Por su parte, las Comunidades Autónomas van a modificar 185 leyes autonómicas, 477 decretos, 112 órdenes y 3 resoluciones. En cuanto al impacto municipal de las medidas adoptadas, también será necesaria la adecuación de las ordenanzas municipales referidas al sector servicios.
Ventanilla única
Dentro del plazo de transposición de la Directiva de Servicios, se ha puesto en marcha una "ventanilla única" virtual que proporciona a los consumidores y prestadores de servicios toda la información sobre los procedimientos y trámites necesarios para acceder o ejercer una actividad de servicios en España, así como la posibilidad de realizar estos trámites telemáticamente. La "ventanilla única" de la Directiva de Servicios ya es accesible en la dirección: www.eugo.es
Así, cuando un prestador de servicios se plantee iniciar una actividad, no necesitará dirigirse a diversas Administraciones para recabar toda la información necesaria, ni precisará desplazarse físicamente para realizar cada uno de los trámites exigidos. A partir de ahora, dispondrá de toda la información a través de un único portal en Internet y se podrán realizar trámites de modo telemático. Asimismo, a través de la ventanilla única es posible consultar la normativa aplicable, conocer las asociaciones de consumidores y empresas existentes, obtener información sobre vías de recurso y solicitar ayuda telefónica o por correo electrónico. Todo ello supondrá un fuerte estímulo al sector, del que se beneficiarán particularmente la pequeña y mediana empresa y los autónomos, quienes soportan unos costes de tramitación e información proporcionalmente mayores.
