El Juzgado de lo Social nº13 de Madrid ha otorgado un ultimátum de 24 horas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para proveer de material sanitario al personal de las Oficinas Fiscales que deban realizar actos presenciales durante la pandemia del COVID-19.

El auto estima parcialmente la medida cautelarísima solicitada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, (APIF) y su presidente, Juan Antonio Frago Amada. En su escrito, los fiscales exigen a la juez contar con protección a la hora de realizar actos fuera de sede ante la pandemia del COVID-19. Requieren mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas y alegan que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. La jueza, de forma provisional, ha estimado su pretensión.

En el escrito, la titular del juzgado recuerda que la normativa de prevención de riesgos laborales exige garantizar la seguridad de los empleados en sus puestos, y si es necesario, les permite abandonar el mismo "de inmediato" si el peligro es evidente. 

En su argumentación, la titular del juzgado trae también a colación el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, así como el propio acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 14 de marzo, por el que se aseguró que la Administración garantizaría a Jueces y Magistrados "cuantos instrumentos y medios estimen necesarios para garantizar la protección de la salud a fi de evitar contagios". Una previsión que, a ojos de la demanda de la APIF, no se cumple. 

La decisión del Juzgado nº13 sigue la estela de otro auto reciente, el del Juzgado de lo Social nº41 de Madrid, el cual otorgó la semana pasada otro plazo 24 horas a la Administración para que protegiera a los Letrados de la Administración de Justicia ante la pandemia del COVID-19. La argumentación en uno y en otro escrito se repiten: el personal de sala debe contar con mascarillas, guantes y geles, en caso contrario se incurre en una vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

El Supremo se pronunción en el orden contencioso-administrativo

No son las únicas resoluciones judiciales que han instado en estos días al Estado a proteger a sus funcionarios. El Juzgado de lo Social nº31 acordó este jueves dar un plazo de 24 horas, esta vez a la Comunidad de Madrid, para que garantizase la seguridad de los sanitarios frente a la pandemia del coronavirus. 

El Tribunal Supremo se pronunció ayer sobre estos 'ultimátums'. Aunque por la vía Contencioso-administrativa, no por lo Social. La Sala Tercera rechazó la cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos por este oren para proveer en 24 horas de mascarillas a los médicos de la CAM. El Alto Tribunal no niega que exista desabastecimiento., pero concluye que "son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla".