El Boletín Oficial del Estado de hoy, 11 de abril de 2020, ha publicado la Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.
El nuevo tramo, de 20.000 millones de euros, iguala en importe al anterior. El 100% de los fondos se destinan a avalar operaciones de pymes y autónomos, por considerar que son los agentes de la actividad económica que más requieren de este apoyo en la actualidad.
La activación de este nuevo tramo se realiza antes del consumo total del primero con el objetivo de cubrir todas las posibles operaciones en cartera y permitir que entidades que están cerca de agotar el cupo que tenían asignado en el primer tramo para pymes y autónomos puedan seguir haciendo fluir el crédito hacia sus clientes.
Se contribuye así a garantizar las necesidades de circulante de las empresas con el objetivo de preservar su actividad y el mantenimiento del empleo.
Según la información que las entidades financieras han registrado ante el ICO tras la activación del primer tramo de la línea de avales, se habrían llevado a cabo más de 44.000 operaciones de financiación, por un importe avalado de 3.533 millones de euros, lo que habría permitido la concesión de más de 4.550 millones de euros de financiación.
Y siguiendo con esos datos, del total de operaciones, el 99 % correspondería a nuevos préstamos y renovaciones de autónomos y pymes, por un importe avalado de 3.360 millones de euros, para préstamos por más de 4.200 millones de euros. "Un total de 86 entidades financieras han suscrito ya los correspondientes acuerdos de colaboración y pueden, por tanto, distribuir la financiación con aval del Estado a los clientes que la necesiten. Según el Ministerio de Asuntos Económicos, la "amplia" cobertura e implantación territorial de las entidades de crédito, cajas rurales, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos garantizan la distribución de los avales entre las empresas y autónomos "de todos los sectores de actividad y de cualquier lugar del país".
Con el fin de garantizar que pymes y autónomos sean los beneficiarios reales de los avales, la norma publicada hoy en el BOE refuerza y precisa las previsiones de la anterior. Se establece explícitamente que el precio de los créditos para los clientes que se beneficien del aval deberá ser inferior al de los préstamos y otras operaciones para la misma tipología de cliente que no contaran con el aval. Asimismo, se incluye la prohibición de que las entidades comercialicen otros productos o servicios o condicionen la concesión del préstamo avalado a su contratación.
En palabras de la ministra portavoz del Gobierno las entidades de crédito tendrán que trasladar "obligatoriamente" unas condiciones de avales a los clientes en forma de menores tipos de interés, un mayor plazo de devolución o la introducción de periodos de carencia.
Tras la activación, el pasado 6 de abril, del primer tramo de la línea de avales, La CNMC ha recibido medio centenar de consultas y denuncias de particulares y empresas en el buzón activado específicamente para la detección de prácticas anticompetitivas relacionadas con la crisis sanitaria creada por el COVID-19.
A la vista de dichas denuncias, la CNMC ha iniciado diversas investigaciones por posibles prácticas contrarias a la competencia. Se está analizando la exigencia por parte de algunas entidades financieras de una garantía adicional (en particular, la suscripción de un seguro de vida) para la concesión de los préstamos garantizados con el aval del Estado (Líneas de crédito ICO) y de otras ayudas financieras derivadas de la normativa extraordinaria dictada para la gestión de la situación de la crisis sanitaria. En concreto, se analiza si tal exigencia pudiera constituir una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en un contexto de crisis.
Recuerde que el pasado 31 de marzo, la CNMC anunció el lanzamiento de un buzón (covid.competencia@cnmc.es) para centralizar todas las denuncias y consultas relacionadas con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del COVID-19.
Se trata de un canal específico para que ciudadanos y empresas realicen cualquier denuncia por conductas anticompetitivas en el contexto actual de la pandemia como, por ejemplo, abusos de posiciones dominantes mediante precios excesivos; acuerdos anticompetitivos entre operadores; o conductas desleales consistentes en engaños masivos en bienes y servicios afectados por la crisis sanitaria.
Además, este buzón está a disposición de las empresas que quieran consultar posibles acuerdos con otros operadores (incluidos competidores) para hacer frente a los efectos de la crisis y poder así evaluar su compatibilidad con las normas de competencia.
