En su comparecencia para explicar las prioridades de su Departamento en materia de Función Pública, Fernández de la Vega destacó que ese Acuerdo, que contiene 50 medidas concretas, es un “buen ejemplo de que se puede hacer frente a la crisis trabajando por una administración más eficiente, abierta, transparente e igualitaria, garantizando los derechos de las trabajadoras y trabajadores”. “Gracias a ese acuerdo tenemos una hoja de ruta para avanzar, gracias a la firme voluntad de diálogo, tenemos la estabilidad necesaria para poder hacerlo. Y gracias a la firme determinación de llevarlo a cabo, cumpliremos, Gobierno y centrales sindicales, el Acuerdo”, remarcó.
Fernández de la Vega explicó que la sostenibilidad de las cuentas públicas, que siempre es un objetivo prioritario de la Administración, es, con las actuales dificultades económicas, “un principio esencial”. Por ello, de acuerdo con los sindicatos, se ha adoptado una política de racionalización de recursos organizativos y humanos, de la estructura de la administración y del empleo.
Ley de la Función Pública e incompatibilidades
Esta nueva norma, que “sentará las bases de la administración del nuevo siglo” y en torno a la cual el Gobierno quiere concitar “un amplio apoyo social y político” tiene como “ejes vertebrales” la formación y la evaluación objetiva. También garantizará que la selección y la carrera profesional de los funcionarios públicos “se atengan a los criterios constitucionales de mérito, conocimiento y capacidad”.
La Vicepresidenta Primera puso de manifiesto que el Gobierno está trabajando en otras iniciativas como la normativa sobre incompatibilidades de los empleados públicos, la revisión de la normativa sobre clases pasivas, la solución extrajudicial de los conflictos y la reducción de cargas administrativas.
A este respecto, Fernández de la Vega señaló que ya se han acometido 159 actuaciones destinadas a este fin y puesto en marcha más de 400 proyectos que pueden suponer “una reducción de costes cercanos a los 10.000 millones de euros” para el sector productivo.
También destacó que el Gobierno ha apostado por la racionalización y la modernización de las Delegaciones de Gobierno para orientarlas “claramente hacia el servicio a los ciudadanos”. Y subrayó que las Oficinas de Atención Integral 060 de las Delegaciones, creada en 2009, ofrece ya “un volumen importante de información y de servicios, no sólo del Estado, sino de todas las Administraciones Públicas”.
Fernández de la Vega concluyó su intervención inicial en la Comisión Constitucional con un llamamiento al “diálogo, el acuerdo y la concertación” como “mejores herramientas” para hacer “frente a las dificultades”. “No es obligatorio dialogar, es cierto, no es obligatorio el acuerdo, por supuesto. Es sencillamente una necesidad y una responsabilidad. Es lo que nos demanda la ciudadanía y lo que nos exige nuestro tiempo”, resaltó.
A su juicio, “no es el momento de la política pequeña, tan atenta a las próximas elecciones que es incapaz de pensar en las próximas generaciones”. “No es el momento de pretender imponer condiciones, ni de buscar la respuesta de unos u otros, de empresarios o sindicatos, de Gobierno u oposición, de Gobierno central o Comunidades Autónomas –finalizó--. Es el momento de buscar la mejor respuesta para todos porque ante problemas que a todos nos afectan y que tanto nos afectan, la iniciativa más acertada será la que sea concertada. Es el momento de colaborar en todo lo que podamos, de defender nuestros valores cuando debamos y sobre todo, por encima de todo, de trabajar por el interés general siempre”.
