El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó, en la inauguración del seminario ‘Bruselas I: la reforma de la litigación internacional en Europa’, que se celebra en Madrid, que la libre circulación de sentencias y documentos públicos sobre mercancías, personas, servicios y capitales es “un instrumento de política económica y un medio para avanzar en la creación de un espacio judicial europeo”.
En el acto inaugural también intervinieron la comisaria europea, Viviane Reding, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil. En el seminario participan 38 expertos, representantes de los países miembros de la UE.
En su discurso, el ministro de Justicia subrayó que “cuantas menos trabas haya a la hora de reconocer y ejecutar en un Estado miembro decisiones provenientes de otro, más costes ahorraremos a los ciudadanos y a las empresas. Del mismo modo –añadió- que se está trabajando en la simplificación de cargas administrativas, debe trabajarse en la simplificación de cargas que afecten al reconocimiento mutuo”. Francisco Caamaño subrayó que “éste es el objetivo al que debe tenderse, tal y como lo reconocen tanto el nuevo artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como el Programa de Estocolmo, aprobado en diciembre por los primeros ministros y jefes de Estado reunidos en el Consejo Europeo”.
El ministro de Justicia animó a que este seminario, en el que se van a tratar temas como la supresión del ‘exequátur’, el respeto a las cláusulas de elección de foro, la adecuada protección de la propiedad intelectual en sus distintas modalidades y ante nuevos medios de infracción, o el mejor modo de garantizar la efectividad del arbitraje, suponga una importante contribución para la Comisión a la hora de preparar su propuesta.
Francisco Caamaño indicó que “Bruselas I es un expediente de tal trascendencia en la litigación internacional que todo cambio debe ser adecuadamente reflexionado y meditado”.
El seminario, organizado por el Ministerio de Justicia dentro de los actos de la presidencia española de la Unión Europea, junto con la Comisión europea y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, tiene como objetivo avanzar en la eliminación de obstáculos para el refuerzo de la cooperación judicial directa, en lo que se refiere a la competencia judicial y al reconocimiento de la ejecución de decisiones en materia civil y mercantil.
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