La aplicación de las nuevas tecnologías desarrolladas en el marco de la Sociedad de la Información ha supuesto la superación de las formas tradicionales de comunicación, mediante una expansión de los contenidos transmitidos, que abarcan no sólo la voz, sino también datos e imágenes en soportes diversos.
Esta ley tiene por objeto la regulación de la obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados cuando les sean requeridos con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de un delito contemplado en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
Esta ley se aplicará a los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.
Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley el contenido de las comunicaciones electrónicas, incluida la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas.
Este Proyecto de Ley establece quiénes están obligados a su cumplimiento, siendo los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones.
Por otra parte, los datos que han de conservar serán todos los referentes a las comunicaciones, tales como el origen y el destino de la comunicación, así como fecha, hora y duración de la misma, el tipo de comunicación y el equipo que se utiliza por ambas partes (incluyendo las tarjetas prepago de telefonía móvil). Además será obligado también conservar los datos referentes a la localización del equipo móvil, así como las llamadas que no han obtenido respuesta, no así de las que no se han podido realizar.
Sin embargo, los operadores no podrán conservar ningún tipo de datos que puedan revelar o revelen el contenido de la comunicación.
El periodo establecido para la conservación de los datos será de doce meses, transcurridos los cuales los datos deberán ser completamente eliminados, a excepción de los que se hubieran cedido.
Ver texto íntegro del Proyecto de Ley (en PDF).
