El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, presidió ayer la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que, entre otros puntos del orden del día, recibió para su informe el proyecto de Real Decreto por el que se ordenan los programas de políticas activas de empleo, financiados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El texto destaca que, dadas las transformaciones que está viviendo el mercado de trabajo, las políticas activas de empleo son instrumentos fundamentales no sólo para facilitar la reincorporación al mercado laboral de las personas desempleadas, sino también para favorecer que la población activa adquiera nuevas competencias que demanda el empleo en el siglo XXI. En este sentido, resulta fundamental fortalecer la coordinación y eficiencia de los programas en los ámbitos estatal y autonómico.

El proyecto tiene como objetivo reunir en un único texto legal la variada normativa que regula estos programas. Tiene por objeto regular los contenidos comunes de determinados programas de políticas activas de empleo de ámbito estatal, que serán de aplicación en todo el territorio nacional en base a la competencia del Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de la competencia ejecutiva de las Comunidades Autónomas. De esta forma, asegura un mínimo común denominador a los programas de empleo de ámbito estatal. Además, facilita los mecanismos de coordinación efectiva y permite una mejor adecuación a las características específicas de cada territorio.

Se exceptúan de esta regulación las demás políticas activas de empleo que coordina el Servicio Público de Empleo Estatal y que se financian con cargo a su presupuesto: los incentivos a la contratación mediante bonificaciones y los programas de formación profesional para el empleo, que mantienen su regulación específica y sus propios foros y ámbitos de análisis y revisión.

Un primer texto, elaborado por grupos de las distintas comunidades y con la participación activa del SPEE, se sometió a la Conferencia Sectorial del 23 de junio del pasado año, así como a los interlocutores sociales, representantes de trabajadores destinatarios de las medidas, especialmente los de las personas con discapacidad y otros organismos del Estado, que han aportado sus opiniones y sugerencias.

El texto resultante tiene por objeto regular los contenidos comunes de determinados programas de políticas activas de empleo, que serán de aplicación en todo el territorio nacional en base a la competencia del Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de la competencia ejecutiva de las comunidades autónomas.

Ley pionera sobre Economía Social

La Conferencia Sectorial, también fué informada del anteproyecto de Ley de Economía Social. Dicha ley es pionera en el reconocimiento de las entidades de la Economía Social, y con su presentación se da cumplimiento a los compromisos del Gobierno.

El contenido básico del texto, que se ha elaborado tras un largo proceso de consultas, se centra en los siguientes puntos:

• Reconocer como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la Economía Social y de sus organizaciones representativas.
• Dar mayor visibilidad a este sector, especialmente relevante desde el punto de vista de la Economía Sostenible.
• Definir el concepto legal de economía social, como un sector amplio, diverso y dinámico, sin dejarlo acotado solamente a las fórmulas jurídicas existentes.

En la reunión de ayer de la Conferencia Sectorial también se trató sobre el proyecto de Real Decreto de creación y regulación del Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal y de funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo, que desarrolla determinados aspectos del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Además de los informes presentados sobre proyectos de Reales Decretos relacionados con Centros Integrados de Formación Profesional y de 21 nuevos certificados de profesionalidad, entre otros, la Conferencia aprobó el Programa Anual de Trabajo del Sistema Nacional de Empleo 2010, en el que han participado activamente todas las comunidades autónomas y el SPEE.