La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Anteproyecto de Ley de Salud Pública pretende reforzar las acciones preventivas y de protección y promoción de la salud.

La norma, ha añadido, tiene en cuenta la existencia de las nuevas realidades, como el creciente envejecimiento de la población o los efectos de la globalización.

La futura Ley, según De la Vega, "busca la garantía de la equidad, la efectividad, la transparencia, la calidad y la cohesión de la organización de la salud pública en España, reforzando los derechos y estableciendo también los deberes de los ciudadanos".

Por su parte, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha explicado que la legislación en la materia ha estado centrada hasta ahora en garantizar la asistencia sanitaria y curar la enfermedad, algo que "ha hecho muy bien".

La ministra considera que "tenemos un magnífico Sistema Nacional de Salud con unos excelentes profesionales que dan cobertura universal y asistencia a una amplia cartera de prestaciones de servicios sanitarios", pero es necesario dar "un paso más para adaptarnos a las necesidades actuales".

Se trata, ha dicho, de "poner un mayor acento en las actividades de prevención de la enfermedad y de prevención de la salud", porque así se podrá garantizar una mejor asistencia sanitaria. Además, es necesario adaptar el sistema a los nuevos riesgos sanitarios de carácter global, como los asociados a la contaminación medioambiental o a la salud laboral.

Trinidad Jiménez ha citado como uno de los principales aspectos de la norma establecer el marco legal que fije las actuaciones de las distintas Administraciones que gestionan la sanidad. Asimismo, se legislan los derechos y deberes de los ciudadanos en materia de salud pública.

En este sentido, ha dicho, "es particularmente novedoso el reconocimiento del ciudadano a recibir información sobre cualquier aspecto de la salud pública".

La ministra ha asegurado que se fortalece además la vigilancia en esta materia. Para ello, se creará la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, como coordinadora de los diferentes sistemas autonómicos, y se organizará la Red Estatal de Laboratorios de Salud Pública.

El Anteproyecto también recoge que las actuaciones en salud pública se organizarán a través de un Consejo Estatal de Salud Pública, de la Comisión Permanente de la Salud Pública y mediante una unidad responsable de dar cumplimiento a las competencias en la materia que existen en el Estado y de coordinar las que hay en las Comunidades Autónomas.

Incidencia de la Ley del Tabaco

La titular de Sanidad y Política Social ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre la incidencia de la Ley del Tabaco en España, con datos que hacen especial referencia al ámbito laboral.

El documento refleja que la exposición al humo del tabaco en bares y restaurantes se sitúa entre el 85% y el 93% y duplica a la de la Unión Europea.

La exposición al humo ambiental, según Jiménez, es especialmente significativa entre los trabajadores de la hostelería, que doblan en porcentaje a los de la construcción.

La ministra ha destacado que el 48% de los ciudadanos perciben que es necesario que se reforme la Ley porque consideran que no es favorable para las personas no fumadoras.

Asimismo ha explicado que entre los grupos políticos existe la conciencia de introducir una reforma, por lo que se ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley en este sentido.

"El objetivo fundamental es impedir que en los espacios públicos cerrados se fume" y proteger así la salud de los ciudadanos, ha dicho.

Trinidad Jiménez considera que la reforma también estimulará a los fumadores para que dejen el hábito.

En el mismo sentido, María Teresa Fernández de la Vega ha resaltado que la Ley del Tabaco, en sus cuatro años de existencia, ha tenido indudables efectos positivos en la salud, pero "es necesario hacer un esfuerzo adicional para cumplir con todos los objetivos de protección".

"Queremos modificar la actual normativa ampliando la prohibición de fumar a espacios públicos cerrados y colectivos. De este modo beneficiaremos especialmente a dos grupos de población: el de los trabajadores de la hostelería y el de los menores, que son también quienes más sufren las consecuencias del humo", ha dicho.

La Vicepresidenta ha recordado que el tabaco causa cada año en nuestro país 55.000 muertes entre fumadores activos y de 1.500 a 3.000 entre los pasivos.