El Consejo General de la Abogacía Española recurrirá una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero de 2007 que declara nulo el acuerdo alcanzado para la financiación del Proyecto de Infraestructura Tecnológica de la Abogacía.
Este acuerdo fue recurrido en 2004 por el Colegio de Abogados de Barcelona, al considerar que no se respetaron las reglas esenciales de formación de voluntad, además de que no se había incluido en el Orden del Día del Pleno en el que se aprobó, el presupuesto extraordinario destinado a la financiación de este proyecto, así como una evidente falta de información previa.
Por otra parte, el Colegio de Abogados de Barcelona alegó que hubo infracciones al procedimiento cuando en una sesión ordinaria del Pleno se aprobó un presupuesto extraordinario que conllevaba una serie de obligaciones económicas entre los años 2004 y 2007.
La sentencia, sin entrar a estudiar el contenido del mencionado acuerdo, se basó en el cumplimiento de los requisitos imprescindibles para la formación de voluntad de la Asamblea.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española se ha restado importancia al hecho, puesto que según indican, los defectos fueron corregidos y el Colegio de Abogados de Barcelona, que ha cambiado su presidencia, está abonando la cuotas correspondientes.
