El Congreso ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica de Universidades con el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios con la única excepción del Partido Popular. Dicho proyecto fue aprobado en primera instancia por la Cámara Baja el pasado 14 de diciembre y recibió el pasado 21 de marzo el voto afirmativo de la Cámara Alta. Hoy ha finalizado su recorrido legislativo con la ratificación definitiva por parte del Congreso.

La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera ha afirmado esta mañana en el Congreso que “este es un momento muy importante para las universidades españolas y su futuro. La reforma tiene el objetivo de remover las dificultades que les impedían ejercer su autonomía”. La Ministra ha subrayado que el nuevo texto es un “instrumento eficaz para la transformación de las universidades, en la confianza plena de que van a saber responder a este desafío de futuro”. Por último, Cabrera ha incidido en el “importante apoyo” que ha recibido la reforma, que ha contado con las sugerencias “no sólo de la comunidad universitaria sino de todos aquellos que quieren que la universidad ocupe un lugar central en la sociedad”.

La Ley Orgánica de modificación de la LOU pretende dotar de una mayor autonomía a las universidades españolas, lo que se refleja en un mayor margen para las universidades en la toma de decisiones, en su funcionamiento interno, en su administración y en el diseño de sus títulos. La reforma incide en el refuerzo de los mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad y de evaluación de la calidad. El principal objetivo es permitir la modernización de las Universidades, su especialización en lo que cada una sea mejor e incentivar su competitividad tanto a nivel nacional como internacional.

Impulso a la investigaciòn

Uno de los ejes de la reforma es el impulso a la investigación que se realiza en las universidades y el refuerzo de su relación con las empresas. Para ello se promueve la movilidad del personal investigador, las excedencias para que puedan crear empresas de base tecnológica y el desarrollo conjunto universidad-empresa de programas de I+D+i.

En este mismo sentido, la nueva LOU, a través de una enmienda introducida por el Grupo Socialista en el Senado que modifica la “Ley de la Ciencia” de 1986, permitirá a las universidades y organismos públicos de investigación contratar de forma indefinida a los jóvenes investigadores, entre otros, del programa Ramón y Cajal que hayan conseguido una calificación “excelente”.

Otro aspecto nuevo es el que se recoge en la disposición adicional vigésimo primera relativa a la protección de datos de carácter personal. Con la citada disposición se dotará de mayor transparencia a los sistemas de evaluación de profesores y alumnos.

Valores de igualdad

La nueva redacción de la LOU ha tenido en cuenta la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades. Establece medidas de acción positiva que harán efectivo el principio de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y diseño para todos.

Asimismo introduce políticas de igualdad de género en las universidades a través de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en los órganos de representación y una mayor presencia de la mujer en los grupos de investigación.

Estas medidas se suman a otras emprendidas por el Ministerio de Educación y Ciencia para asegurar la equidad del sistema, en especial el aumento de los presupuestos dedicados a becas, destinado a que todos los estudiantes puedan acceder a los estudios universitarios con independencia de sus circunstancias socioeconómicas. Así, las becas Erasmus han multiplicado su partida presupuestaria por ocho. Además, se han creado los préstamos educativos ligados a renta futura. Con ellos los graduados podrán pedir ayudas de hasta 22.800 euros para estudiar un máster que no deberán devolver hasta que alcancen un nivel de renta suficiente, y siempre con un interés cero.

Profesorado y estudiantes

En cuanto al profesorado se sustituye la habilitación por el proceso de acreditación, más ágil y eficiente. El nuevo método, inspirado en los estándares internacionales de las mejores universidades, valorará el currículum individual de los aspirantes, basándose en los principios de igualdad, mérito y transparencia. Las universidades podrán seleccionar, mediante un concurso oposición público y transparente, a los aspirantes, previamente acreditados, que mejor se adapten a su perfil.

Por su parte, las condiciones laborales de los profesores ayudantes mejoran con la posibilidad de interrumpir el cómputo del periodo del contrato en situaciones de incapacidad temporal, maternidad o adopción.

Los estudiantes tendrán un nuevo Estatuto del Estudiante Universitario que contemplará la creación del Consejo de los estudiantes universitarios como vía para garantizar su necesaria participación en el sistema universitario. Además, la modificación de la LOU ha aprobado medidas que permitirán a los alumnos compatibilizar sus experiencias laborales con los estudios, al tiempo que se les reconocerá esa experiencia a efectos académicos.

El Personal de Administración y Servicios también experimentará mejoras con el fomento por parte de las universidades de la formación continua de dicho personal, así como de su movilidad.

Evaluación

Entre las líneas maestras también está el refuerzo de los sistemas de evaluación de la calidad de las universidades. Para ello se refuerza el papel de la ANECA que se transforma en una Agencia Pública con funciones de acreditación y evaluación, asegurando la cooperación con las agencias autonómicas.

La nueva ley consagra el compromiso de España con el Espacio Europeo de Educación Superior, estructurando definitivamente los estudios universitarios en tres niveles: Grado, Master y Doctorado. Además, crea un registro público en el que figurarán todos los títulos oficiales.