El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, defendió la legitimidad tanto del Tribunal Supremo como del CGPJ frente a actos que "trascienden el ejercicio del derecho a la crítica" y afirmó que el Tribunal Supremo "es la garantía del principio de unidad del derecho, con fuerza legitimadora de todo el sistema de Justicia" y añadió que "esa competencia unificadora se define como reservada sólo al Tribunal Supremo, sea cual sea el modo en que el legislador articule procesalmente su realización".
Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido destacó durante su intervención la necesidad "de rehacer cálculos de trayectoria" en la "ruta constitucional" de la España democrática, pues en su opinión, en la actualidad "la batalla por los valores de la libertad y la democracia se libra en el terreno de la cooperación judicial internacional y la aproximación de las herramientas jurídicas", donde "el modelo europeo constituye una gran esperanza".
Dívar y Conde-Pumpido, realizaron estas afirmaciones durante el discurso que ha leído este martes ante el Rey; el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y los más altos representantes de la Judicatura con motivo del acto solemne de apertura del Año Judicial.
Función constitucional del Tribunal Supremo
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, hizo especial referencia a la sentencia 31/2010 de 28 de junio del Tribunal Constitucional, que reconoce al Tribunal Supremo como "único órgano de gobierno de los jueces y magistrados", y, "de acuerdo con la Constitución, ningún órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el poder judicial". Las palabras del presidente del Consejo coinciden con el anuncio por parte del Gobierno de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la creación de consejos de justicia autonómicos.
Para Dívar, el TS cuenta con legitimidad "no sólo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes judiciales, sino también como órgano constitucional". Además, según el presidente del Alto Tribunal, la existencia del TS "se liga directamente a la del propio sistema democrático" y "contribuye a reforzar la confianza ciudadana en el conjunto de la justicia, desde su labor unificadora de la interpretación del derecho".
Modernización de la Justicia
Dívar se refirió a las medidas legislativas que implican un cambio de modelo, como la anunciada reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que planteará la sustitución del juez en la instrucción de los procedimientos penales para pasar a un sistema acusatorio. Para el presidente del Tribunal Supremo, de llevarse a cabo esta reforma "habrá de ser abordada con suma prudencia, dada su repercusión en la planta judicial y en el alto nivel de protección jurisdiccional de los derechos y garantías que, en este ámbito procesal, exige nuestra Constitución y que, conforme a la ley vigente, corresponde ahora al juez instructor".
Para cumplir este objetivo, Dívar llama a la contribución "de los propios ciudadanos y de los medios de comunicación", "reconociendo que no hay mejor estrategia de imagen que la que se deriva de las decisiones judiciales acertadas, conformes con la ley, bien fundamentadas y explicadas a sus destinatarios, así como de una justicia eficaz, que además sea percibida como tal por todos los miembros de la sociedad".
Otro de los aspectos de la modernización y reformas de la Justicia fue analizado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. En este sentido, Conde-Pumpido recordó las palabras del Rey, "insistamos en la construcción de un orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como la privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional". Y en ese proceso de construcción, Conde-Pumpido añadió que "el empeño de dotar, incluso en tiempo de crisis, de más y mejores medios a la Administración de Justicia, ha de acompasarse con la reordenación del propio sistema", dijo. Conde-Pumpido, además, mostró su satisfacción por la entrada en vigor próximamente del Código Penal, "que obedece, en la mayor parte de sus contenidos, al cumplimiento de las obligaciones que corresponden como Estado miembro de la Unión Europea". Este perfeccionamiento de los instrumentos procesales de cooperación internacional, "en cuya eficacia he de repetir que España es pionera, constituye el camino convergente hacia el ideal de una Europa de la Justicia", dijo.
Defensa de los jueces
En defensa de los jueces, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar remarcó que la idea que la sociedad tiene de la labor de los jueces no se ajusta siempre a la realidad cotidiana del quehacer jurisdiccional". "Sin embargo, asistimos en ocasiones a manifestaciones públicas que ponen en cuestión esta última afirmación", dijo el presidente del Poder Judicial, señalando, sin concretar ningún asunto en concreto, "casos en que la decisión del juez no ha sido bien recibida por sus destinatarios o por determinados grupos sociales o, en general, cuando la compleja labor judicial no es bien comprendida por los ciudadanos".
Además, Dívar lamentó que el juez deba soportar la crítica "por decisiones que no son de su responsabilidad, sino consecuencia de carencias o disfunciones ajenas a él". De ahí la importancia de los planes de modernización de la justicia, según Dívar, "que sirven al objetivo general de que la administración de Justicia se adapte a las legítimas exigencias de los ciudadanos".
Críticas que lesionan la legitimidad
Dívar ha añadido que el descontento provocado por la actuación de los tribunales por insuficiencias del sistema judicial o falta de eficacia "a veces trascienden el ejercicio del derecho a la crítica de las instituciones públicas para cuestionar, desde bases jurídico-políticas no siembre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez".
No obstante, reconoció que los jueces han de ganarse su legitimidad "día a día", para que sus decisiones sean respetadas, y que éstos precisan "sentir el respaldo de los ciudadanos para que su función sea respetada y sentida como propia por todos".
"La legitimidad de ejercicio del juez se logra principalmente por dos caminos: mediante el respeto absoluto al ordenamiento jurídico, al que se debe y que opera como límite a su poder, y por la eliminación de cualquier factor que pueda incidir negativamente en su imparcialidad", ha afirmado el presidente del Supremo. Por ello, los jueces deben estar "aislados del poder y de intereses particulares".
