los eurodiputados miembros de la comisión de Mercado Interior han pedido limitar a treinta días la morosidad en los sectores público y privado. Si los pagos se realizan más tarde, habrá sanciones económicas.

La medida contempla dos excepciones. Una, que las dos partes estén de acuerdo en que se retrase el pago y otra, que el cliente sea un proveedor de asistencia sanitaria. En ambos casos, el límite sería de sesenta días. La sanción por sobrepasar estos plazos consistiría en la tarifa de partida más el ocho por ciento de recargo, y 40 euros en concepto de costes de cobro.

El pequeño comercio, gran beneficiado

Durante sus negociaciones con la Comisión Europea y los Estados miembros, los eurodiputados hicieron hincapié en que sean las administraciones públicas las primeras en dar ejemplo. Por ello, pidieron que éstas nunca sobrepasen el plazo de sesenta días a la hora de afrontar un pago pendiente.

La morosidad no es sólo una coyuntura, también es la causa del cierre de muchos negocios y de la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Más aún si se trata de pequeñas y medianas empresas, las cuales actualmente tienen muy difícil acceder a créditos bancarios. Los eurodiputados esperan que el límite de treinta días ayude a los pequeños comercios a mantener su flujo de dinero.

Igualdad de condiciones y reglas claras

La regulación propuesta será vinculante jurídicamente y, si es adoptada por el pleno del Parlamento en octubre, se unirá a la legislación nacional de los Estados miembros.

Tras el acuerdo de mínimos alcanzado el pasado 13 de septiembre en la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la eurodiputada alemana del grupo socialista Barbara Weiler se felicitó porque, según dijo, "el Parlamento asegura igualdad de condiciones y reglas claras para todos los jugadores", lo que, a su juicio, "beneficiará a muchas pequeñas y medianas empresas, que ya no tendrán que actuar como bancos para las empresas públicas o grandes compañías".