A lo largo de las últimas horas, algunos colegios de abogados españoles se han posicionado sobre la publicación del pacto de investidura entre PSOE y Junts, que recoge la aprobación de una futura Ley de Amnistía para los políticos involucrados en el procés. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha sido la primera en mostrar su rechazo a la propuesta. Una postura que contrasta con la del colegio barcelonés, que en la mañana de este viernes ha emitido una nota para recordar que este es un asunto político; sale, por tanto, de la competencia de los colegios pronunciarse al respecto.

A través de un documento, el decano del colegio madrileño, Eugenio Ribón, ha manifestado su disconformidad y preocupación por la futura ley de aministía. En una nota, difundida este jueves, han anunciado que tomarán “cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes”.

En concreto, el colegio madrileño critica duramente el uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos referido a los Juzgados y Tribunales) en el acuerdo. “Es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional”, expresa el ICAM. 

"La separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional", recoge la nota, cuya publicación ha sido aprobada por unanimidad por la junta de gobierno colegial. 

Barcelona lo define como un tema político

La posición del colegio madrileño contrasta con la de su homólogo barcelonés. El ICAB, capitaneado por Jesús Sánchez, ha decidido adoptar una posición radicalmente contraria y, como varios abogados madrileños le han reclamado a Ribón en redes, han optado por no comentar el asunto, al ser una cuestión política.

"No se incluye entre las funciones de este colegio emitir posicionamientos públicos se incluye entre las funciones de este colegio emitir posicionamientos públicos sobre hechos o actualidad de naturaleza política", remarca la nota.

Cabe apuntar que la anterior decana, María Eugenia Gay, dejó el cargo al poco de ser reelegida para dirigir la institución para ser la delegada del Gobierno socialista en Cataluña. El Colegio barcelonés trae a colacción una sentencia del Tribunal Supremo que recuerda que "una corporación de Derecho Público, representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir”.

"La sentencia establece que las corporaciones de derecho público de colegiación obligatoria, como es el ICAB, no pueden emitir opiniones en este tipo de situaciones. La Junta de Gobierno actúa de conformidad con la presente resolución", concluye la nota. 

Granada se alinea con Madrid

Por el momento, el Colegio de Granada también ha adoptado una posición de crítica ante el anuncio de PSOE y Junts. "La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Granada quiere manifestar públicamente -como juristas y alejados por supuesto de toda connotación política- su profunda preocupación por el contenido del citado documento y su posible aplicación legal, por cuanto supone un ataque frontal al Estado de Derecho en sus más elementales fundamentos, al poner en serio peligro la independencia del Poder Judicial y el principio básico de separación de poderes".

El Consejo General de la Abogacía Española, que comanda Victoria Ortega, por el momento no se ha pronunciado.