Tras la reciente anulación el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modificó el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, que regulaba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, por entender el Tribunal Supremo que el análisis económico de la Memoria, pese a existir formalmente, era notoriamente insuficiente y no se adecúa a las exigencias mínimas de la Ley, el BOE del 1 de mayo nos ha traído una nueva regulación de los aranceles para los profesionales de la procura, que determina el precio de los servicios de este colectivo.
El Real Decreto 434/2024, de 30 de abril, establece un incremento del 35% sobre las cuantías máximas del precio de esos servicios, que no podrán superar los 75.000 euros. Por debajo de esa cuantía el precio es libre, de modo que se favorece la competencia, lo que también redunda en la garantía de los derechos de los clientes, especialmente en lo referente al acceso a la justicia y el derecho de defensa.
El nuevo Real Decreto adapta la normativa que afecta a los precios de los profesionales de la procura a la situación actual, sustituyendo el Real Decreto 1373/2003, vigente desde hacía 20 años. Además, armoniza el ordenamiento jurídico español con la normativa europea.
