El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha anunciado que las Administraciones Públicas destinarán este año 1.014 euros nuevos mensuales por persona dependiente para atender a los beneficiarios con gran dependencia. De este modo, el Gobierno y las CC.AA. aportarán 507 euros adicionales al mes por persona con gran dependencia.
Caldera ha señalado también que propondrá a las Comunidades Autónomas que la prestación a los cuidadores familiares de las personas dependientes sea de hasta 561 euros mensuales. Esta medida forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley de Dependencia y será debatida próximamente en el Consejo Territorial de la Dependencia.
Así, los familiares que cuidan a las personas mayores y a las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas recibirán una prestación de hasta 487 euros mensuales, además del coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación (74 euros), que corren a cargo del Estado.
Además de la prestación, al tener que darse de alta en la Seguridad Social los beneficiarios tendrán derecho a poder recibir la pensión correspondiente.
La cuantía definitiva que percibirá el cuidador familiar estará determinada por el grado y nivel de dependencia del beneficiario.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas cofinanciarán esta prestación, tal y como establece el texto de la Ley de Dependencia, aprobada por una amplia mayoría en las Cortes.
Esta medida será debatida en los próximos días por el Consejo Territorial de la Dependencia.
FONDO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES EN DEPENDENCIA
Caldera ha explicado también hoy que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha habilitado un fondo extraordinario de inversión de 100 millones de euros para el desarrollo de la red pública del Sistema de Dependencia.
Este fondo se dedicará a la construcción de centros de día y residencias.
IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia) fue aprobada por una amplia mayoría en las Cortes y entró en vigor el pasado 1 de enero.
La ley establece un nuevo derecho de ciudadanía en España: el derecho de las personas mayores y de las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, y crea el Sistema de Dependencia.
A través del sistema, las personas dependientes tendrán garantizado el acceso a los servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, plazas residenciales) y prestaciones económicas (para el cuidador familiar o para el asistente personal) que necesiten.
La ley establece un plazo máximo de tres meses desde la constitución del Consejo Territorial de la Dependencia (finales de enero) para definir el desarrollo reglamentario (baremo, intensidad de servicios y prestaciones, régimen de la seguridad social de los cuidadores). En la actualidad, el Gobierno y las Comunidades Autónomas ya han acordado el baremo con el que se evaluará a los ciudadanos para evaluar su grado y nivel de dependencia.
Así, en las próximas semanas, los ciudadanos podrán solicitar ya una evaluación en los servicios sociales de sus Comunidades Autónomas para determinar su grado y nivel de dependencia y las prestaciones a las que tienen derecho. En 2007, según la ley, tendrán acceso a la atención las personas con gran dependencia y, paulatinamente hasta 2015, se irán incorporando al sistema las personas con dependencias severas y moderadas.
Para financiar la puesta en marcha del Sistema de Dependencia, el Gobierno y las Comunidades Autónomas destinarán cerca de 26.000 millones de euros adicionales hasta 2015 (más de 800 en 2007).
