Los 40.748 profesionales de la abogacía inscritos al Turno de Oficio atendieron más de dos millones de asuntos de Justicia Gratuita en 2023. Pero, mientras que los casos atendidos respecto el año anterior aumentaron un 3,5 por ciento, tal como refleja el último informe del XVIII Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Aranzadi LA LEY, que se ha presentado este miércoles, el número total de abogados inscritos al turno confirma lo que todos temen: cada vez menos letrados se sienten atraídos por prestar servicio de justicia gratuita. Prueba de ello es que la cifra total de letrados apuntados en listas decreció un cinco por ciento, previsiblemente por la creciente desafección de los profesionales con el sistema.

En la presentación del informe, realizada dos días antes del Día de la Justicia Gratuita que se celebra el 12 de julio, los expertos ahondaron en las eternas reivindicaciones de un colectivo con uno de los peores baremos de la Unión Europea. Lo que, unido a los retrasos en los cobros y las tareas asociadas al turno que no se remuneran, amenazan con volcar un vaso que hace años que está lleno. 

Victoria Ortega, presidenta – saliente – del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), puso el dedo en las reivindicaciones del colectivo. “La ley actual, claro está, no responde a las necesidades actuales. La nueva ley debe solventar todas las reivindicaciones que reclamamos todos los años”, subrayó. “Es imprescindible revisar los baremos, que están totalmente desactualizados. Tiene que haber un sistema de actualización automática. Y hay que recoger el conjunto de las actuaciones que se llevan a cabo, y la cobertura de las personas jurídicas”. 

Por su parte, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, destacó que "desde la creación del Turno de Oficio hace más de 400 años la abogacía se ha adelantado sistemáticamente a la legislación, defendiendo los derechos de los más vulnerables estuviera o no bien regulada su misión". Si bien, apostilló, "aún hoy no lo está, como se desprende de las conclusiones del Observatorio”.

Un 5,8% más de inversión

La inversión en Justicia Gratuita de las distintas administraciones públicas aumentó un 5,8%, hasta superar los 314,1 millones de euros, la cifra más alta que se haya destinado a este servicio. En 2022 la inversión pública fue de 296,8 millones.

Antonio Morán, presidente de la comisión de justicia gratuita de la Abogacía, reclamó un mayor compromiso económico de las administraciones para sostener el sistema. 

La inversión por ciudadano fue de 6,56 euros, poco más que los 6,25 del año pasado. Y el coste medio por expediente fue de 151,37, ligeramente superior a los 148 de 2022, pero todavía por debajo de los 153 de 2020. La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial.

El 65,7% de la inversión global se destinó al turno de oficio, el 21% a asistencia letrada, el 4,6% a violencia de género y el 8,7% a gastos de infraestructura. 

La comunidad autónoma que más invirtió fue Cataluña con más de 66 millones, cuatro más que en 2021, seguida de Madrid con 49,4 millones y Andalucía con 46,7.

Aumentan los asuntos de violencia de género

El mayor aumento de asuntos se produjo en violencia de género, un 15,9% más que el año anterior, hasta los 81.397. “La mujer se ve más protegida para denunciar”, reflexionó Ortega.

La asistencia letrada al detenido aumentó un 10% hasta los 767.879 asuntos. Y los de turno de oficio disminuyen ligeramente -un 0,8%- hasta los 1.222.422 asuntos, de los que el 56% eran penales. Por jurisdicciones, en lo social hubo un 6% más de asuntos, mientras que los civiles disminuyeron un 11%. En penal aumentaron un 2%.

Cataluña, la comunidad con mayor número de asuntos

A diferencia de años anteriores, en 2023 fue Cataluña, y no Andalucía, la comunidad con más número de asuntos, con 430.124 (un 5,4 % más), seguida por Andalucía, con 416.522 (un 1% menos que en 2022).

Canarias, con casi 118.000, fue la comunidad que registró el mayor aumento, un 15,7% más, debido en gran medida a la crisis migratoria y las llegadas récord de migrantes. El mayor descenso lo registró Cantabria, un 21% menos, debido al impacto en los juzgados de las huelgas de funcionarios judiciales. 

Casi uno de cada tres abogados, inscrito en el Turno de Oficio

En el 2023 continuó la disminución en el número de abogados y abogadas adscritos al turno de oficio: fueron 40.748, frente a los 42.198 de 2022 (un 4% menos). De estos el 51% son hombres y el 49% mujeres -mientras que en extranjería y en violencia de género ellas representan el 53%-. 

Esta cifra sigue representando casi un tercio de los 148.941 abogados y abogadas ejercientes en España. 

A pesar del abultado número de asuntos, solo se registraron 5012 quejas -12% menos que el año anterior-, de las cuales fueron archivadas 3247. Y hubo 299 expedientes que terminaron con sanción a los letrados o letradas que los llevaron, un 19% menos que el año anterior. “El rigor y la seriedad con la que la abogacía lleva adelante estos compromisos de la justicia gratuita no se puede poner en entredicho”, aseguró Morán.

Los usuarios, muy satisfechos con el servicio

El índice de satisfacción con el servicio se mantiene muy alto: el 89% de los usuarios tiene una opinión positiva de la atención recibida en la tramitación de la asistencia y el 82% quedó satisfecho con el asesoramiento legal recibido, según la “Encuesta sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en España” elaborada por Metroscopia para este Observatorio. Sin embargo, también revela que todavía hay un 17% de la población general que desconoce la existencia de este servicio. 

“La justicia gratuita es un éxito rotundo, muy bien valorado por quienes lo conocen de primera mano, pero sigue siendo una labor muy desconocida”, afirmó José Juan Toharia, presidente de Metroscopia. 

El comité de expertos recomienda para esta edición del Observatorio que se apruebe una nueva norma para sustituir a la actual, que, desde su aprobación en 1996, se ha quedado desfasada. Esta nueva ley debería, señalan los expertos, establecer criterios razonables y equitativos para el reconocimiento de la justicia gratuita. También destacan la necesidad de garantizar siempre este derecho a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad, de marginalidad o en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, presos y menores en centros de internamiento, y a las mujeres víctimas de violencia de género, que con frecuencia sufren de violencia económica. Y además se deberían mejorar las condiciones en las que los abogados y abogadas prestan este servicio, actualizando la compensación económica que perciben e incluyendo todas las actuaciones que realizan por imperativo legal.