En 2023, el Ministerio Fiscal registró 23.486 procedimientos judiciales por ciberdelincuencia y 498 diligencias de investigación penal. Así lo recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada este miércoles. En el inmenso documento, esta vez 1384 páginas, cada año el organismo público da cuenta de sus actuaciones sirviendo de termómetro de la criminalidad española.
En esta ocasión, en el apartado de cibercriminalidad se da una anomalía: la cifra de delitos investigado por los fiscales en materia de delitos informáticos llama la atención al registrar un descenso 4,61% respecto del año 2022 en lo que atañe al volumen de procedimientos judiciales incoados, y un incremento de más de un 100% en el de diligencias de investigación penal.
¿Hay menos ciberdelincuencia? La Fiscalía lo niega. De hecho, la amenaza es cada vez amenaza mayor. El inesperado descenso en el número de causas judiciales registradas en materia de ciberdelincuencia, el primero que se detecta desde el año 2016, tiene una explicación.
"En ningún caso puede en ningún caso puede ser interpretado como el reflejo de una tendencia a la baja o de una disminución en la incidencia de la actividad delictiva en el entorno virtual", advierte la Fiscalía. Más bien tiene varias causas. En primer lugar, el Ministerio Público pone el acento en que muchas de las investigaciones iniciadas por la policía en materia de ciberdelincuencia, sencillamente, no son remitidas a los órganos judiciales ni a la fiscalía. En muchos de estos casos, es imposible identificar a los autoreser. Perdidos en el abismo del ciberespacio, y amparados en el anonimato, la incoacción de un procedimiento judicial resulta compleja cuando no se conoce al autor.
Ello explica el desbalance en los datos de distintos organismos públicos, y que los datos del Ministerio Fiscal en ningún caso coincidan con los datos estadísticos policiales.
De hecho, según recoge el Ministerio del Interior en el Balance sobre Criminalidad del año 2023, la ciberdelincuencia no ha disminuido, sino todo lo contrario, ha aumentado un 25,5% en el conjunto de investigaciones de todos los cuerpos policiales. Con especial énfasis en estafas y defraudaciones, donde el repunte alcanza el 27%.
En segundo lugar, la Fiscalía achaca el descenso estadístico a una falta de medios, en concreto, "a las carencias de las aplicaciones informáticas en las que se registran las denuncias, atestados o actuaciones de cualquier tipo relativas a presuntos ciberdelitos que llegan a conocimiento de los órganos de la jurisdicción penal".
Advertencia del Fiscal
En el acto de apertura del año judicial, que ha tenido lugar este miércoles en el Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz ha alertado sobre los peligros del ciberespacio, las redes criminales y las nuevas formas de aparición de la delincuencia “que acechan no solo a las personas como tales sino a la sociedad en su conjunto” y que exigen “un cambio completo de abordaje en nuestro proceso penal”.
El Fiscal General del Estado también ha pedido una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular, que permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación “sin filtro alguno”, “aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas” y el colapso de los tribunales, además de que puede contribuir a “fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios”.
