La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha otorgado dos nuevos amparos en su compromiso de proteger el derecho a la defensa y la labor de sus colegiados y colegiadas.
Primer caso: rechazo de la solicitud de suspensión de un juicio por paternidad
El primer caso involucra a un abogado que solicitó la suspensión de una cita judicial por motivos relacionados con su paternidad. Tras el nacimiento de su hija, acudió al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid para pedir el aplazamiento de una vista programada, presentando documentación como el certificado de nacimiento y la solicitud de baja por paternidad de Alter Mutua. Sin embargo, su petición fue denegada, ya que el juzgado consideró que la baja no estaba adecuadamente justificada.
El abogado, al ver vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, interpuso un recurso de apelación, el cual fue desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid en junio de 2024. Esto lo llevó a presentar un recurso de casación y, finalmente, a solicitar amparo al ICAM, argumentando que la negativa a suspender el juicio afectaba su derecho a conciliar su vida familiar y profesional y constituía un trato desigual por pertenecer a una mutua alternativa a la Seguridad Social.
Después de revisar el caso, el ICAM determinó que se había vulnerado la independencia y la libertad del letrado, así como su derecho a la conciliación familiar. La institución resaltó la necesidad de que las bajas por paternidad de los abogados sean reconocidas sin importar su régimen de cotización. En consecuencia, la Junta de Gobierno del ICAM concedió el amparo colegial y reafirmó su responsabilidad de proteger los derechos de conciliación de los profesionales de la abogacía, instando a los tribunales a respetar estos derechos.
Segundo caso: trato vejatorio en un CIE
En el segundo caso, el ICAM también otorgó amparo a otro abogado que denunció un tratamiento vejatorio por parte de un agente de la Policía Nacional en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. El abogado se presentó en el CIE para asistir a un solicitante de asilo y, tras un largo retraso en la entrevista, fue increpado por un agente tras usar brevemente su teléfono móvil para consultar la hora. El agente le dirigió comentarios despectivos y amenazó con sancionarlo, lo que llevó al abogado a presentar una queja ante el Ministerio del Interior y solicitar amparo al ICAM.
Tras evaluar los hechos, el ICAM consideró que el comportamiento del agente había menoscabado la dignidad e independencia del abogado en el ejercicio de su función profesional. Además, calificó la sanción como desproporcionada y perjudicial para el derecho de defensa del abogado y su cliente. Por ello, la Junta de Gobierno concedió el amparo colegial, subrayando la importancia de que las autoridades reconozcan y respeten el trabajo de los letrados en entornos como los centros de internamiento.
Eugenio Ribón, decano del ICAM, expresó: "Estos amparos ponen de relieve nuestro compromiso en la defensa de los derechos de nuestros colegiados, y demuestran la importancia de garantizar que los abogados puedan ejercer su labor sin interferencias. La independencia profesional y la conciliación familiar deben ser siempre respetadas por las instituciones, y seguiremos impulsando el amparo colegial como un mecanismo clave para asegurar esa protección".
Por su parte, Javier Mata, diputado responsable de Defensa de la Abogacía, subrayó: "Estos casos reflejan nuestra determinación en salvaguardar la dignidad y libertad profesional de los abogados, especialmente cuando se ven sometidos a situaciones de presión o vulneración de derechos. La protección de nuestros colegiados es prioritaria, sobre todo en aspectos tan importantes como la conciliación y el ejercicio de la abogacía en condiciones justas".
Campaña ICAM
Desde marzo de este año, el ICAM ha lanzado una campaña informativa para dar a conocer la figura del amparo colegial y alentar a abogados y abogadas a recurrir a ella siempre que sus derechos como profesionales, y por ende el derecho a la defensa, sean amenazados.
En lo que va del 2024, la Junta de Gobierno del ICAM ha concedido un total de 12 amparos, lo que representa un aumento del 50% en comparación con los 8 amparos otorgados durante todo el 2023. Comparado con 2022, cuando solo se concedieron 3 amparos, el incremento alcanza el 300%, evidenciando un notable crecimiento en esta área.
Refuerzo del amparo colegial en la Ley del Derecho de Defensa
En un esfuerzo por fortalecer el amparo colegial, el ICAM está abogando por su refuerzo en el marco del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Recientemente, durante la tramitación de esta norma en el Senado, salió adelante la propuesta de la corporación madrileña en este sentido.
De este modo, la nueva redacción del artículo 21 sobre el amparo colegial incluye los siguientes puntos, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, como el ICAM había solicitado: "4. La declaración de otorgamiento de amparo profesional conllevará la realización por parte de la institución colegial de todas aquellas actuaciones que conduzcan a la desaparición de las causas de perturbación, sin perjuicio de aquellas que correspondan al profesional de la abogacía afectado o perturbado en el ejercicio de su función.
5. La concesión del amparo colegial será notificada al órgano, institución, juzgado o tribunal cuya actuación motivó la solicitud, con el fin que surtan los efectos de restauración que correspondan. Asimismo, se dará cuenta al órgano gubernativo oportuno con el fin de depurar, en su caso, eventuales responsabilidades disciplinarias".
El diputado Javier Mata aclara que “es necesario que la Ley del Derecho de Defensa regule el amparo colegial para darle un carácter vinculante”.
“Es necesario que, cuando presentamos a la administración y a los órganos judiciales que hemos recibido una petición de amparo colegial por una incidencia grave con alguno de nuestros abogados por medio, estén obligados a abrir un expediente informativo y resolver en consecuencia, en el caso de que haya que tomar medidas disciplinarias. Para eso urge que se modifique la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, donde se incluye este cambio, tal como hemos logrado que recoja el Senado”, concluye.
