La suspensión del Pleno del Senado debido a la DANA que ha afectado al Levante ha resultado, de facto, en la aprobación definitiva del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Este texto, validado por el Congreso de los Diputados, será publicado en los próximos días en el BOE y entrará en vigor.

El Senado tenía programada la votación del proyecto de ley hoy, incorporando las modificaciones propuestas por algunos grupos parlamentarios. Sin embargo, la suspensión ha impedido la votación y, como consecuencia, se excederán los plazos establecidos para que la Cámara Alta introduzca cambios en el texto. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha informado a los senadores sobre las repercusiones de esta suspensión.

Garantías para los ciudadanos y protección para los profesionales

Salvador González, presidente de la Abogacía Española, quien acudió esta mañana al Senado y previamente se reunió con su presidente, ha valorado de manera muy positiva el trabajo realizado por la Cámara. González ha destacado la relevancia de que la aprobación definitiva de la ley pueda llevarse a cabo antes de finalizar el año. “La ley del Derecho de Defensa consolida las garantías legales de los ciudadanos, dotando de una ley orgánica a un derecho esencial recogido en la Constitución. Además, ofrece nuevos instrumentos que deben facilitar el ejercicio profesional de la abogacía”, ha señalado.

La nueva legislación estipula que los Colegios deben proteger a los profesionales que se sientan perturbados o presionados en el ejercicio de sus funciones, denunciando cualquier medida normativa o actuación, pública o privada, que comprometa el derecho de defensa. Además, incluye menciones específicas a la conciliación en la práctica de la abogacía.

Asimismo, la legislación establece el marco legal para crear criterios orientativos sobre honorarios profesionales dentro de los Colegios de la Abogacía. El proyecto de ley asegura el derecho a “elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes que permitan cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios”. La abogacía ha subrayado repetidamente que estos honorarios de referencia son fundamentales para la tasación de costas y permiten a los profesionales informar a sus clientes sobre las posibles implicaciones económicas de iniciar acciones legales.

Este Proyecto de Ley ha sido, durante años, una de las principales demandas de la Abogacía, ya que refuerza el principio constitucional de la tutela judicial efectiva, un derecho que pertenece a la ciudadanía y consolida a los abogados como un elemento clave en el funcionamiento del sistema de Justicia.