El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha ordenado la Guardia civil la entrada y registro en el despacho de la Fiscalía General del Estado, según ha avanzado El Mundo y han confirmado fuentes del caso de Europa Press. El objetivo es recabar toda la documentación que pueda servir en la investigación abierta por la hipotética filtración de un email que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal, envió a la Fiscalía para intentar alcanzar un pacto que le librara de la cárcel.
Las mismas fuentes precisan que el instructor ha acordado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.
Esta misma mañana el magistrado Ángel Luis Hurtado ha emplazado a García Ortiz a designar abogado para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un auto, recogido por Europa Press, el instructor indicó que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión".
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzaron que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.
Además, Hurtado dio traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otro lado, el instructor dejó pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.
