Javier L. Parra es letrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y secretario de Gobierno del TSJ de Murcia desde 2019, así como miembro del Grupo TIC de secretarios de Gobierno con la DGTDAJ. También fue diseñador e impulsor del Prontuario de Auxilio Judicial Internacional (herramienta virtual de apoyo en la cooperación jurídica internacional) y mediador y miembro del Grupo Europeo de magistrados por la Mediación (GEMME). Miembro de la Comisión Jurídica Asesora para la Oficina judicial desde 2010.
Ha sido director del Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, consultor en proyectos de reforma de Justicia del Banco Mundial y otros organismos internacionales, Consejero Residente de la UE en Ankara y experto asesor en el sector de reforma judicial y transformación digital en más de 25 países.
Se habla mucho de la “justicia enfocada al dato”. Precisamente este ha sido el tema central del Data Forum, el encuentro enfocado a la importancia del dato como un bien público y su influencia en la innovación de los procesos que acaba de tener lugar en Granada. Pero los ciudadanos aun no tienen muy claro que significa esto. ¿Cómo se lo explicaría a aquellos que no conocen este concepto?
Lo intentaría de la manera más sencilla y, quizás, mencionando un “territorio” posiblemente transitado por muchos. En las últimas décadas, en nuestros hogares y nuestros centros de trabajo, hemos pasado de un mundo analógico a un entorno digital.
Algo así podría decirse que nos ocurrido con este nuevo paradigma que se nos abre, ya de manera inequívoca, con el RDL 6/2023: una “Justicia orientada al dato”.
Nuestra Administración de Justicia, desde su origen con el escribano o relator (el actual LAJ) que se presentaba como una garantía fedataria, ha sido una Justicia eminentemente documentalista (durante siglos con papel físico y desde final del siglo XX con “papel” digitalizado), haciendo del documento judicial en sí, el eje de la garantía del sistema. Ahora, aun un escenario de Justicia con documentos digitalizados por el que ya caminamos hace años, se abre una nueva generación en el que el eje no es tanto el documento, como los datos y metadatos que incorporan los procedimientos judiciales y que van a ser objeto de tratamiento privilegiado, desde su garantía en la cadena de custodia de datos que se indexan al expediente judicial electrónico, hasta el tratamiento en el marco de una búsqueda de la eficiencia en la gestión de esos datos, fundamentalmente con el marco de la automatización, hiper-automatización e inteligencia artificial. Estamos dando saltos de gigante, como si pasáramos del movimiento por arrastre al movimiento con la rueda.
La partida presupuestaria para innovaciones tecnológicas se ha disparado en los últimos años. Hay una evidente apuesta por la analítica judicial y la digitalización. ¿En qué medidas concretas se ha traducido esto en los tribunales y juzgados de Murcia?
En efecto, la inversión presupuestaría en transformación digital ha crecido a escala geométrica. En este contexto, una excelente iniciativa de la Dirección General de Transformación Digital, que dirige Aitor Cubo, fue poner en marcha un grupo de trabajo compuesto por cinco secretarios de gobierno (Asturias, Audiencia Nacional, Baleares, Murcia y Navarra) y la propia dirección general. De hecho, se concibe no sólo de un grupo de trabajo de testeo y coordinación de soluciones tecnológicas, sino también como Think Tank de generación de propuestas de nuevas aplicaciones y mejores fórmulas de gestión del cambio. Esta iniciativa ha sido reconocida como buena práctica europea por un informe del CEPEJ de 20231.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Región de Murcia (TSJMU) se ha traducido en una fuerte apuesta por los grupos de trabajo integrados por letrados de la Administración de Justicia (LAJ), funcionarios de Justicia, ingenieros y otros técnicos de la DGTDAJ para el desarrollo y mejora de concretos proyectos de transformación digital. De hecho, sólo en 2024, la Secretaría de Gobierno del TSJMU, ha incorporado más de una decena de proyectos tecnológicos en la planificación estratégica del año en curso (POA 2024).
Así, contamos relevantes grupos de trabajo y proyectos en marcha: en robotización e IA, comunicaciones electrónicas (por ejemplo, SIR con registradores de la propiedad) o plataformas Web con profesionales del Derecho (por ejemplo, el aplicativo Perit@, promovido desde Murcia para la designación automatizada de peritos judiciales). Estos grupos llevan arrojando importantes resultados que, una vez testados, se exportan a otros territorios; este el caso de la robotización de los archivos provisionales en ejecución civil o Perit@. Prometedores resultados estamos obteniendo en el campo de la automatización sistémica en pleitos masa, como son los monitorios de consumo y pequeñas reclamaciones, procedimientos judiciales que llegan a representar más del 45% de la litigiosidad civil. Llevamos cerca de dos años trabajando con la robotización de monitorios en tres fases: registro y reparto, tramitación y ejecución. De momento, lo estamos haciendo con determinados trámites, pero en vista tenemos la identificación e implementación otros casos de uso con resoluciones asistidas apoyadas con IA.
La inversión presupuestaría en transformación digital ha crecido a escala geométrica
Las quejas por los tiempos de espera y las eternas listas de espera –hay juicios agendándose para 2028 en algunas regiones– siguen siendo frecuentes. ¿Es un problema con solución, o por el contrario, es un mal endémico del sistema que difícilmente podrá solucionarse a corto plazo?
En efecto, en la Región de Murcia sabemos mucho de este tema. Padecemos de una manera muy severa el retraso en señalamientos en la jurisdicción civil, social y penal. La tecnología nos puede ayudar de una manera tangencial en esta área, pero exige de otras soluciones que pasan por el incremento de planta jurisdiccional y la eficiencia organizativa. La ratio de jueces (entiéndase también fiscales y LAJ) por cien mil habitantes de España es de las más bajas de la UE. Y es que debemos encontrar áreas de mejora que vayan más allá del sólo incremento exponencial de recursos humanos, con el esfuerzo presupuestario que ello comporta. Así, con la entrada en funcionamiento de los futuros tribunales de instancia se podrán abrir ventanas a una mejora de la previsibilidad y, porqué no, de los tiempos de respuesta. Algo de esas ventajas de la eficiencia organizativa ya la hemos visto en el área procesal con la Oficina Judicial, solución de reingeniería organizativa de 2010 que no hacía sino aplicar economías de escala y alcance a los antiguos juzgados y tribunales.
En su opinión, ¿qué grandes males de la Administración de Justicia puede ayudar a resolver el uso de la tecnología? De, por favor, ejemplos concretos.
Creo que los esfuerzos en robotización RPA deben centrarse en la automatización y secuenciación de trámites en pleitos masa en la jurisdicción civil (registro, trámite y ejecución), incluyendo, en su caso, resoluciones interlocutorias sin valor humano añadido. La siguiente fase (ya se está estudiando) es abordar con la IA el apoyo a jueces y LAJ con borradores resoluciones asistida en la jurisdicción civil y social. Pero hay que ir paso a paso.
Otros enormes campos de trabajo tienen que ver con la interoperabilidad, comunicaciones electrónicas, actos procesales deslocalizados (EVID y videoconferencias) o transparencia ciudadana (del que es un brillante ejemplo “Carpeta Justicia”).
La robotización ya está arrojando interesantes indicadores de eficiencia en términos de horas de trabajo consiguiente rebaja en el coste de los servicios judiciales, hablamos de cientos de horas de trabajo de funcionarios y miles de euros. Lo vimos en 2023, por ejemplo, con la RPA de cuentas de consignaciones y depósitos judiciales y, ahora en 2024, se ha extendido a todo el territorio MJU, con la multiplicación ahorro de tiempo y recursos humanos.
Los esfuerzos en robotización RPA deben centrarse en la automatización y secuenciación de trámites en pleitos masa en la jurisdicción civil
Hay autores que defienden que la apuesta por la analítica judicial ayudará a hacer más previsible las sentencias judiciales. Y eso es bueno, porque ayudará a reducir la conflictividad y reforzará en definitiva la seguridad jurídica. ¿Está de acuerdo?
La previsibilidad judicial vinculada a la seguridad jurídica no es mala en sí. De hecho, en el TSJMU pusimos en marcha, hace más de cinco años una Red de Previsibilidad Judicial, compuesta por jueces y LAJ que seleccionan criterios uniformes (no vinculantes) para juzgados y tribunales y que, además, se publican para conocimiento de todos los operadores judiciales en una Web (Fundación Ruiz-Funes) en colaboración con el Colegio de Abogados de Murcia.
Lo que sí podría ser extraordinariamente peligroso es el uso de la IA con sesgos y otras prácticas desviadas del marco que ya empieza a marcarnos el reciente Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024.
Hay abogados que utilizan ChatGPT para redactar sus demandas. ¿Lo considera un problema?
Como en otras tantas cosas, el ChatGPT o la inteligencia artificial generativa no es un problema en sí, es más bien el uso que hacemos y, sobre todo, que podamos llegar a hacer de ella. Pongo un ejemplo en positivo: si con la IA podemos llegar a obtener, por los propios profesionales del Derecho, resúmenes ejecutivos que se acompañen a sus propios escritos de demandas... ¿porqué no darle a bienvenida?
Podría ser extraordinariamente peligroso el uso de la IA con sesgos y otras prácticas desviadas del marco
¿Llegarán los jueces robot?
Podría responder con otra pregunta ¿podrá alguna vez el algoritmo interpretar en clave humana la mirada, el dolor o el olor que desprenda una víctima en una sala de vistas?
No lo sabemos, pero quiero imaginar que no será posible, al menos en términos humanos. Es por eso en Norteamérica, al abordar la inteligencia artificial en la toma de decisiones, se habla siempre de la necesaria “reserva de humanidad”, algo que ya empezamos a ver en la regulación europea desde las Directrices Éticas para una IA Confiable (Ethics Guidelines for Trustworthy AI) de la Comisión Europea de 2019.
Por supuesto, esta reflexión no es incompatible con proveer de herramientas IA que ofrezcan a jueces, fiscales y LAJ, en sus funciones decisorias o calificadoras, de borradores de resoluciones asistidas. Particularmente esto podrá ser muy útil en el contexto de la litigiosidad masa en la jurisdicción civil.
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1Ver Handbook for the Implementation of Cyberjustice Projects in Spain, página 22.
